Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
A estas alturas, no podríamos
afirmar que la reforma electoral
de Morena no pasará, porque
la veleta tricolor no garantiza
una posición firme.
En el apartado relativo a las Reglas Generales para los Procesos Electorales Federales y Locales de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), se determinan los tiempos y las etapas de los procesos. De acuerdo a este ordenamiento, el proceso electoral ordinario, en el caso de la renovación del Titular del Poder Ejecutivo Federal y de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, inicia en septiembre del año previo al de la elección (Art. 225 frac.1). Lo que significa que, hasta dentro de un año, en 2023, para estas fechas, estaremos, oficialmente, en los tiempos del proceso electoral para la sucesión presidencial.
Por otra parte, la ley señala como fecha para el inicio de las precampañas, la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección (Art. 226 frac.1 inciso a) y establece que “los precandidatos… no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas.” La sanción para el caso de violación de este precepto, es severa, pudiendo llegar hasta la negativa de registro como precandidato al infractor(a) (Art. 226 frac. 3).
Lo anterior conviene recordarlo ante las prisas con las que, en la 4T, se ha anticipado el proceso de la sucesión presidencial, con todo y parafernalia de tapados-destapados, bajo la denominación de corcholatas o aspirantes oficiales. Esos, que el índice rector de ysq tuvo a bien señalar y que, con su venia, al grito de no me vengan conque la ley es la ley, violan flagrantemente la norma, con actos anticipadísimos de campaña.
Y, si la autoridad electoral les exigiera respetar la ley y pretendiera aplicar sanciones, de inmediato la furia de Morena se volcaría en su contra, descalificándola, acusándola de parcialidad, de ser gatilleros del PRIAN, de intentar sancionar dolosamente y amenazándola con exterminarla (Mario Delgado, dixit). De cualquier manera, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encuentran bajo la espada de Damocles, pues persiste la instrucción de Palacio, de acabar con ellos, mediante una reforma constitucional para sustituirlos por organismos a modo de la 4T.
Hace algunos meses, se pensaba que la pretendida reforma electoral de Morena no procedería ya. El acuerdo de una moratoria legislativa, celebrado entre el triunvirato de partidos de oposición, PAN, PRI y PRD, de la alianza Va por México, y Movimiento Ciudadano, significaba un muro infranqueable para la aprobación de esta reforma constitucional, ante la falta de votos suficientes de Morena y sus aliados para lograr la mayoría calificada.
Pero resulta que no todos los que suscribieron el pacto, resultaron caballeros de fiar y solo hubo que apretarle un poco al dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, para “convencerlo” de las bondades y ventajas de la militarización en la seguridad pública. El priista quedó tan persuadido que él mismo, a través de una colaboradora, fue el promotor de una iniciativa de reforma constitucional para prolongar la permanencia de la Guardia Nacional por 4 años más, desconociendo el acuerdo de moratoria legislativa y, como efecto colateral, reventando la alianza Va por México. Dos propósitos de la 4T, que hasta los de Morena veían ya difícil conseguir.
Pero ya encarrerados y, con los buenos resultados de la colaboración del priista, la esperanza de concretar, no solo, la reforma electoral, sino también, la eléctrica, resurgió. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no tuvo empacho en descobijar al dirigente del tricolor, afirmando, ante los legisladores de Morena y sus aliados, PVEM y PT, que el acuerdo político con el dirigente priista “va más allá de una reforma constitucional”, por lo que intentarán recuperar temas como las reformas electoral y eléctrica. Un verdadero PriMor de acuerdo, que sería la puntilla para una alianza opositora, de por sí, tambaleante.
Desde luego, que, ante las declaraciones del secretario de Gobernación, “Alito” Moreno y el coordinador parlamentario, Rubén Moreira, negaron la existencia de un acuerdo para apoyar las otras reformas. Pero también antes habían sido enfáticos en el bloqueo parlamentario contra cualquier iniciativa de reforma constitucional de Palacio, pero bastaron un abrazo y algunas recomendaciones para que ambos diputados se doblaran y comprometieran los votos priistas a favor de la causa de la 4T.
A estas alturas, no podríamos afirmar que la reforma electoral de Morena no pasará, porque la veleta tricolor no garantiza una posición firme y siempre encontrará la justificación para votar a favor de Morena, alegando que es por el bien del país, aunque sea evidente que otras sean las razones que lo motiven.
Son votos para salvar el pellejo, no al país.
