CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno Nacional implementó una estrategia conjunta para reforzar el control de armas de fuego en empresas de seguridad privada. Esta iniciativa, liderada por el Ministerio de Defensa, responde a la necesidad de evitar el uso indebido del armamento autorizado a este sector.
En coordinación con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Departamento de Control, Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE) de las Fuerzas Militares, el gobierno desarrolló un protocolo interinstitucional que establece nuevos mecanismos de inspección, bloqueo y seguimiento administrativo sobre estas armas.
La medida busca evitar desviaciones en el uso de armamento, garantizar la legalidad de las operaciones y prevenir filtraciones del crimen organizado. El protocolo establece procedimientos claros para el bloqueo operativo, la custodia preventiva y el seguimiento de armas involucradas en procesos sancionatorios.
Este plan refuerza la acción conjunta entre autoridades competentes, fortaleciendo los canales de comunicación en todo el país. Además, forma parte del cumplimiento de los artículos 80 y 81 del Decreto Ley 2535 de 1993, así como de la Circular Externa Conjunta 20224100000195, normativa que regula la autorización de armas a servicios de vigilancia.
La Superintendencia de Vigilancia, encargada de supervisar el cumplimiento normativo del sector, lidera estas acciones con el objetivo de elevar los estándares de calidad y eficiencia. La supervisión constante se presenta como una herramienta clave para proteger a la ciudadanía, mejorar la transparencia institucional y asegurar el uso legítimo de las armas.
Además, esta estrategia fortalece la capacidad del Estado para detectar posibles irregularidades en el manejo del armamento. Las autoridades afirman que las medidas buscan prevenir que estructuras criminales se infiltren en empresas privadas para obtener acceso a armas de forma legal.
Este enfoque integral, según el Ministerio de Defensa, permitirá mantener una vigilancia permanente sobre el destino y uso del armamento legalmente asignado, reafirmando el compromiso del gobierno con una seguridad más controlada, coordinada y efectiva en el país.
La iniciativa también se considera un paso clave en la construcción de confianza pública y en la lucha contra la ilegalidad en el sector privado de la vigilancia.
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