El caso se centra en la aplicación italiana del artículo 15 de la Directiva europea 2019/790 sobre derechos de autor en el mercado único digital. Italia reconoció a los editores derechos exclusivos sobre el uso online de sus publicaciones y estableció un sistema de remuneración equitativa supervisado por la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones (AGCOM).
Un periodista recibe una información y, si hace bien su trabajo, no debería quedarse con ella. Pregunta quién la dijo, de dónde salió, qué pruebas existen, qué otra fuente puede confirmarla y qué versión falta por escuchar.
Luis Alberto García / Moscú
*Los ideales de Karl Marx y una crónica de ilusiones comunistas.
*El británico Gareth Stedman Jones los sitúa en una rigurosa...
Luis Alberto García / Moscú
*Nursultán será el nuevo y extraño nombre a la capital kazaja.
*Éste, por supuesto, se impuso por unanimidad y “democráticamente”
*Corresponde...
Luis Alberto García / Moscú
*Lógica y obligada hegemonía en una región estratégica.
*Voces nacionalistas exigen medidas antimigratorias a Moscú.
*Remesas forman parte de las economías de...
Luis Alberto García / Moscú
*Asia Central, zona geopolítica clave, situada en medio de un continente.
*La presencia de Moscú es desigual, pero determinante.
*Para el...
El caso se centra en la aplicación italiana del artículo 15 de la Directiva europea 2019/790 sobre derechos de autor en el mercado único digital. Italia reconoció a los editores derechos exclusivos sobre el uso online de sus publicaciones y estableció un sistema de remuneración equitativa supervisado por la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones (AGCOM).
Un periodista recibe una información y, si hace bien su trabajo, no debería quedarse con ella. Pregunta quién la dijo, de dónde salió, qué pruebas existen, qué otra fuente puede confirmarla y qué versión falta por escuchar.
La integridad física, emocional y psicológica de niñas, niños y adolescentes debe estar por encima de cualquier exigencia artística o de producción. Ninguna actividad laboral o creativa puede justificar prácticas que pongan en riesgo su dignidad, seguridad y bienestar.