Lilia Arellano
“Leyes hay, lo que falta es justicia”: Ernesto Malo
Crisis hasta en las prisiones
En cárceles: riñas, motines, hacinamiento, corrupción y muerte
Se ignora la reglamentación y utilidad de las cárceles privadas
Ciudad de México, 10 de mayo de 2024.- Los temas a tratar en el tercer debate por la presidencia son álgidos. Se hablará de la seguridad o de la inseguridad existente, de ese otro lado demostrando violencia: migración. Pero no todo se detiene ahí, está la persecución, las detenciones, la aplicación de la ley y, finalmente, las cárceles. La cadena es larga y los tiempos y la cantidad de temas por tratar dejará muchos vacíos, aunque, lo revelado de manera inmediata será la reacción ciudadana y ésta tendrá medida cuando se contabilice la asistencia a la gran concentración del domingo 19, en donde se convertirá en verdad tienen el arroz cocido o de plano no lo pusieron ni a remojar.
La crisis de seguridad provocada por la ola de violencia y los errores de la actual administración federal en el sistema penitenciario provocaron en los últimos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el registro de al menos tres mil 905 riñas, motines y desórdenes en los 14 Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos). Las incidencias en los reclusorios han presentado un paulatino aumento en los últimos tres años. Pese a reportes reveladores de, supuestamente, miles de delincuentes tras las rejas, los centros penitenciarios se han cerrado y las causas sobran: el penal federal de Puente Grande, Jalisco fue cerrado en septiembre de 2023, la prisión estatal de Temascaltepec, Estado de México, cerró el 19 de abril de 2021. Las justificaciones giraron en torno a la sobrepoblación e inseguridad.
Existen 248 centros penitenciarios estatales, y en más de la mitad las poblaciones padecen hacinamiento. En el mejor de los casos son cinco o más personas compartiendo una celda, aunque están aquellas en donde se ha comprobado son más de quince sujetos compartiendo un muy reducido espacio. Las gráficas y algunas filmaciones revelan la forma tan cruel en la que sobreviven. Las celdas se convierten en calabozos, de acuerdo con los reportes de derechos humanos. Al paso de los años, se comprobó no sirve de nada tener centros penitenciarios con igual o mayor población privada de la libertad, pues esto provoca más delitos, corrupción y violaciones de derechos humanos. Lo peor: el problema sigue acentuándose a pesar de la millonaria inversión en dólares realizada por el gobierno mexicano en la infraestructura y la seguridad de prisiones en todo el país, sólo para que de todos modos se cerraran o quedaran inactivas.
La historia de las cárceles mexicanas es larga, ha permitido la creación de libros y películas en donde se da cuenta de la crueldad dentro de esas paredes. Una protagonista de primera fue el Palacio Negro de Lecumberri, pero, vista y analizada a la distancia era mucho menos cruel que los “modernos” Centros de Readaptación. De entrada, se tenía separados a los infractores de la Ley de acuerdo a la gravedad de los delitos cometidos. Había una crujía especial para los presos políticos, pero otra para aquellos sin recibir sentencia. Su dirección estaba encabezada por un militar y un civil era la segunda autoridad. El registro habla de la primera fuga a través de un túnel y éste iba de las instalaciones de la cárcel a la casa vecina de una fábrica de loza. Solamente cruzaba una avenida. Alberto Sicilia Falcón, cubano dedicado al narco, fue reaprendido apenas unos meses después de su escape.
Los abusos mayores se presentaban en la Cárcel de Santa Marta debido a la perversión de su director, Juan Alberto Antolín, quien gustaba de acostar a los internos formados para utilizarlos como alfombra humana y pasar sobre ellos. Sacaba a reclusas de la Cárcel de Mujeres para regentearlas. Estas cárceles han tenido destinos distintos. La de mujeres fue sustituida por otras paredes, pero con prácticas iguales o peores. Santa Marta creció, sin embargo, la corrupción sigue vigente. Se planeo la desaparición de las tres mencionadas y las sustituyeron por los llamados pomposamente Centros de Rehabilitación, y el nombre, comprobado está, no corresponde porque ahí ni se rehabilita ni se integra a nadie.
En Lecumberri tenían talleres. En su interior se fabricaban las bancas de los parques, los libros del registro civil, tenían carpintería. Los nuevos solo los presentaron, pero nunca funcionaron. Eran muchos los internos receptores de salario, ahora todo son aportaciones económicas entregadas hasta para tener derecho de ir al baño. Durante el sexenio de López Portillo, con de Miguel de la Madrid, los de Salinas y Zedillo, se evitó abordar el tema de la deshumanización y la corrupción generada en las cárceles, consideradas como los hoteles más caros del mundo.
El presidente Felipe Calderón presentó el proyecto de iniciativa para expedir la Ley de Asociaciones Público-Privadas, en el 2009, cuya legislación se publicó en enero de 2012. México ha construido los CE.FE.RE.SOS (Centros Federales de Readaptación Social) dentro del sistema de asociación pública privada (APP), siendo ocho los gestionados hasta octubre de 2023, de manera privada mixta. Sin embargo, la seguridad (interna y externa) sigue a cargo de contratistas privados quienes atienden el mantenimiento del edificio, hasta las actividades médico, sanitarias, educativas, deportivas y locales y se encuentran en Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Morelos, Oaxaca y Sonora. Bajo este esquema siguieron construyéndose centros durante el mandato de Peña Nieto, desconociéndose quienes son los dueños de aquellos en manos de la IP.
Para este sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador cambio de política y expresó su desconfianza hacia estos instrumentos. Su secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó en conferencia de prensa datos relacionados con el costo de manutención de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios federales bajo la figura de CPS. Según sus cálculos, el costo diario promedio ascendía a 3,913.65 pesos por persona. Julio Scherer Ibarra, entonces Consejero Jurídico de la Presidencial, reveló que los contratos fueron otorgados por asignación directa, así como algunas de las cláusulas. La responsabilidad en la operación y seguridad de cada centro penitenciario es del OADPRS (Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social), la vigencia del contrato será de 22 años y la etapa de prestación del servicio no será menor a 20 años. Al final de la vigencia de los contratos, los inmuebles serán propiedad de los proveedores. Posterior a esos periodos, deberán generarse nuevos contratos.
Meses después, el 22 de abril de 2021, se dieron a conocer los resultados de las negociaciones entre privados y la Consejería Jurídica de la Presidencia sobre los convenios suscritos para la operación y funcionamiento de los CPS. Algunos de los contratos de los empresarios beneficiados con los contratos de concesión otorgados por el gobierno del Calderón son: Olegario Vázquez Raña (dueño de los hospitales Ángeles, los hoteles Camino Real y Real Inn, así como de Imagen Televisión). Hipólito Gerard Rivero (excuñado de Carlos Salinas de Gortari) y Carlos Slim, el hombre más rico de México, entre otros. Juntos manejan un negocio de casi 12 mil millones de pesos al año. Su concesión se mantiene durante 22 años. El gobierno le ha pagado desde el 2012 a este grupo de empresarios unos 56 mil millones de pesos. Para cuando se venzan los contratos, dentro de 13 años aproximadamente, los concesionarios se habrán embolsado 214 mil millones de pesos (sin considerar el aumento inflacionario).
PRESOS, FUGAS, MOTINES
Al corte del año pasado se registró un total de 234 mil 67 personas presas en las cárceles de México, tal y como detalla el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciara Nacional del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS). Las diversas ediciones del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) de la CNDH dan cuenta de los problemas que persisten en los CPS: las deficiencias de los servicios de salud, la falta de personal de seguridad y custodia, problemas de higiene en los espacios públicos, deficiencias en la alimentación y la falta de políticas orientadas a la reinserción social, entre otros, dentro de los cuales se incluye la corrupción y un “cobro de piso”, mejor dicho, de celda y de ubicación. Es evidente que el Estado mexicano ha descuidado sistemáticamente las condiciones mínimas para lograr la reinserción y rehabilitación de los internos.
En los últimos cinco años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han registrado al menos tres mil 905 riñas, motines y desórdenes en los 14 Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).) En cuanto a las cárceles estatales, existe una alarmante e inhumana sobrepoblación. Están tras las rejas miles de internos sin sentencia, sin tener noticias sobre sus expedientes y menos aún cuentan con abogado de oficio. Los gobernadores solamente voltean a ver las necesidades de las prisiones cuando los reos se amotinan o los familiares hacen manifestaciones de inconformidad sobre lo registrado en el interior. Pero nadie se mueve para evitar la corrupción, el auto gobierno, para eliminar el liderazgo de los grandes capos y mucho menos buscan acabar con el abuso, o esta transformación de cárceles en universidades del crimen.
Sergio García Ramírez, quien insistió en la necesidad de ordenar al sistema penitenciario, dejó sin acabar el objetivo y cada gobierno estatal y federal va parchando con equivocadas decisiones el punto clave de la aplicación de justicia. Cambiar el nombre no altera en nada el mal funcionamiento y el mejor ejemplo es Almoloya, o La Palma o el Altiplano como se prefiera llamar a una prisión de en la cual quien ingresa desaparece para el mundo.
En la cárcel deben permanecer quienes son juzgados y sentenciados, sin embargo, lo visto es la prisión de toda la familia porque, aunque lo nieguen, se sigue castigando la jodidez y el hambre.
DE LOS PASILLOS
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), asistió el miércoles 8 de mayo a una audiencia presencial al Reclusorio Norte por el caso Agronitrogenados. Se le vio sonriente, tranquilo, bien vestido y con calzado nuevo, provocando se resbalará y estuviese a punto de caer, aunque lo más llamativo fue el auto de lujo en el cual se transportó. No aparece en el ánimo del acusado ninguna causa por la cual debiera ocultar su fortuna, la personal y la familiar. A ese gallo todavía no le quitan ni una pluma, como tampoco se han desplumado al otro implicado a Alonso Ancira de quien se desconoce si cumplió entregando los “pagos chiquitos” impuestos para lograr mantenerse en libertad. En esta ocasión, el exfuncionario fue citado por un juez federal, quien minutos después decidió volver a aplazar la audiencia hasta nuevo aviso retirándose Lozoya del lugar…
Se esperan más apagones por altas temperaturas. El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió hay retraso en algunas plantas de ciclo combinado, lo que provocó déficit en suministro de energía eléctrica y apagones. Recordó que la mitad de la generación de energía eléctrica tiene que ver con empresas particulares, además del retraso registrado en las plantas de ciclo combinado. Reconoció sólo cuatro estados con apagones y dijo se debió a una sobredemanda de energía de mil megawhats. Pero aseguró que ya se está atendiendo. Mientras tanto, siguen paralizadas las inversiones porque no despierta interés instalarse en un país con inseguridad y severos problemas para suministrar agua y energía…
La Ciudad de México sigue envuelta en una intensa ola de calor, la cual afecta a 23 estados del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que más de dos tercios del territorio mexicano resintieron temperaturas superiores a los 40 grados. A estas temperaturas se agrega el agua contaminada y la carencia de atención a todas las consecuencias…
Caso Ayotzinapa: una jueza dio libertad condicional a los 8 militares relacionados con la desaparición de los normalistas. Desestimó la posición de la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional sobre riesgo de que los militares se evadan de la justicia. En nuestro país, sólo el 4% de los delitos sexuales en el Ejército terminan en sentencia.
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