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Por: Mario Ruiz Redondo

Para los integrantes de la cuarta “caravana del hambre” proveniente de Centroamérica, la respuesta solidaria manifestada por los poco más de dos millones de habitantes de la Costa de Chiapas, a sus antecesores desde mediados de octubre de 2018, es hoy totalmente distinta, al surgir el rechazo unánime a su presencia, luego del desbordamiento de actos vandálicos cometidos por sus grupos de choque (pandilleros “maras”), en contra de las autoridades, pero sobre todo por el incremento de la inseguridad y violencia en las Regiones Soconusco y Costa.

A a diferencia del rápido desplazamiento de los contingentes anteriores por tierras chiapanecas, a ocho días de haber ingresado a territorio nacional, apenas se encontraban por la mañana del martes 26 de febrero, en las afueras del municipio de Mapastepec, a mitad de la ruta Suchiate-Arriaga, al ser rechazados por la población, para evitar que se internaran en la cabecera municipal para pernoctar, por temor a ser víctimas de los desmanes de los “mareros”.

El pasado lunes 18, arribaron a suelo chiapaneco-mexucano, , pasando por la garita y por el río Suchiate,  poco más de mil extranjeros, muchos de ellos niños, Ciudad Hidalgo, procedentes de Tecún Umán, Guatemala, donde por cierto la Alcaldía chapina tiene advertidos a los organizadores de estas caravanas, que no tolerará concentraciones en su plaza principal, pues serán desalojados de inmediato por la fuerza. El martes 19, ya sin el apoyo de ningún tipo de transportistas, caminando llegaron a Metapa, donde pasaron la noche.

Al día siguiente, cuando pretendieron llegar a la plaza principal de la ciudad más importante de la Frontera Sur, Tapachula, fueron conminados por los agentes de migración y de la Policía Federal y Gendarmería Nacional, a continuar su camino hacia la Frontera Norte, por el Libramiento Sur de la ciudad, para evitar enfrentamientos con grupos de ciudadanos y empresarios de la localidad, que han empezado a manifestar públicamente su repudio pacífico por su presencia belicosa.

La lluvia de piedras cayó entonces sobre los representantes del Gobierno Federal, a quienes sus mandos principales han prohibido el uso de armas de fuego, como la utilización de equipos antimotines, causando numerosos lesionados, en una situación por demás desventajosa para quienes tienen la encomienda de salvaguardar el orden y proteger al mismo tiempo a los migrantes.

Finalmente no lograrían su propósito de apoderarse del Parque Central Miguel Hidalgo de Tapachula, por lo que la bordearon, hasta encontrar kilómetros adelante un lugar (“Viva México”), donde pasar la noche.

Ante la conducta irrespetuosa de la avanzada y retaguardia de la caravana proveniente de San Pedro Sula, Honduras, sobre todo después de que el miércoles 20 de febrero, en las inmediaciones del poblado de Xochiltepec, municipio de Tuzantán, los “maras” volvieron a atacar con piedras a los contingentes federales, la respuesta del gobierno federal fue radical, al ordenarse de inmediato acciones enérgicas para contener el avance de los inmigrantes.

Se reiteraría a los conductores de todo tipo de automotores, que no deberían transportar en sus vehículos a ningún migrante, como había venido ocurriendo desde octubre de 2018, ya que de hacerlo serían sujetos a la aplicación de la ley correspondiente, por tráfico de indocumentados, lo cual en automático haría más lento y difícil el peregrinar de los hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y de otras nacionalidades integrantes de la columna humana.

Empezaría la “operación intercepción” de migrantes, que en el terreno de los hechos se ha convertido en una auténtica cacería, al ser interceptados cuando pretendían burlar la orden de no permitirles acelerar su paso, al utilizar todo tipo de transportes públicos y particulares.

Este martes 26 de febrero, se estimaría que por lo menos han sido asegurados 400, incluyendo a aquellos que decidirían no continuar en la caravana, los cuales serían trasladados de inmediato a la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, donde después de ser atendidos de sus lesiones de los pies, deshidratación y quemaduras de la piel por la inclemencia del clima, se ha ordenaría su deportación a Centroamérica.

Al salir en el octavo día de su andar, del municipio de Mapastepec al de Pijijiapan –más de 70 kilómetros de distancia-, el contingente se encontraba diezmado y las autoridades reportaban solamente a unos 450, en el propósito de avanzar hasta Arriaga, donde ya los espera el controvertido sacerdote católico José Alejandro Solalinde Guerra, el controvertido religioso activista y defensor de los derechos humanos de los migrantes, además de coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano.

El mismo religioso, que se ha atrevido a comparar al Presidente Andrés Manuel López Obrador, con Dios.

Muy atrás han quedado las muestras de afecto hacia quienes viajan por territorio chiapaneco, con la intención de llegar hasta la Frontera Norte y cruzar hacia la Unión Americana, sin importar los riesgos que sus vidas corran, junto con las de sus hijos, por las zonas desérticas estadounidenses, lo mismo que en los estados de Arizona y Texas.

No más alimentos a su paso ni agua, por parte de quienes reprueban su conducta agresiva, por lo que el personal de Protección Civil estatal asume con grandes dificultades y de manera insuficiente este apoyo, que implica la atención médica, que atiende problemas de insolación y llagas en los pies, por las largas caminatas de ocho días, más los de su travesía por territorio hondureño y guatemalteco.

Mayor seguimiento de los habitantes de los municipios por los que han pasado, como en Huixtla, a 44 kilómetros de Tapachula, donde serían rechazados y obligados a acampar fuera de la cabecera municipal.

Aún así, cuatro de los pandilleros de la “mara salvatrucha”, entre ellos dos de sus líderes, se atrevieron a internarse en horas de la noche en la ciudad, para ingerir bebidas alcohólicas, pero que al ser descubiertos, fueron detenidos por los pobladores  y casi linchados, al ser delatados por sus vestimentas, formas de peinado a rape y tatuajes. Violencia social en su contra, que obligaría a las autoridades municipales a rescatarlos y entregados a los agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes los trasladarían a su Estación de Control en Tapachula.

La caminata de Mapastepec a Pijijiapan y de ahí a Tonalá, constituye un gran reto por ser un tramo carretero de más de 100 kilómetros, la mayor parte sin poblados importantes donde puedan encontrar alimentos, ante las limitaciones de Protección Civil estatal para proporcionárselos.

Temperaturas de más de 320 grados, que se dimensionan por el calentamiento del asfalto por el que transitan hacen todavía más difícil su peregrinar, en la que los niños llevan la peor parte, por esta parte del territorio mexicano, aún todavía con abundante vegetación.

Todo un viacrucis de los migrantes provenientes del sur del río Suchiate, que al ser consideradas personas no gratas para los chiapanecos, por sumarse y solapar los desmanes cometidos por los “maras”, sufren las consecuencias del apoyo solidario brindado hasta hace unos días a sus compatriotas que les antecedieron en la misma intención de encontrar una vida mejor en los Estados Unidos.

El endurecimiento de la posición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hacia la migración centroamericana, ocurre curiosamente el mismo día (20 de febrero), del encuentro entre los ministros y secretarios de Seguridad de El Salvador, Honduras y Guatemala, en la ciudad de San Salvador, encabezado por la titular de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, en el que se analizó el problema y el establecimiento de medidas urgentes para frenar la migración hacia la Unión Americana de la población del “Triángulo Norte”.

Realización de la Cuarta Sesión, a la que no se invitó a México, no obstante ser actualmente de vital importancia para contrarrestar el fenómeno migratorio, que tan preocupa a Donald Trump, que además de continuar la construcción del muro de más de tres mil kilómetros, en la frontera con su vecino del sur del río Bravo, que presiona a sus homólogos de América Central, para que asuman un papel más radical en la tarea de frenar la emigración.

Ofensiva diplomática y de presión respaldada por los cuantiosos financiamientos a los gobiernos de esa importante Región del istmo latinoamericano, subrayada por la secretaria Nielsen, al plantear la conveniencia de mejorar en la inmediatez, la capacidad de los servicios de las agencias de seguridad terrestre y de aviación, para patrullar y monitorear las fronteras, detectar y responder a las amenazas a lo largo de las fronteras y proteger los puertos y los espacios marítimos de la Región.

Donald Trump no quiere más migrantes de esta Región al otro lado de la línea fronteriza con México, por lo que la secretaría de Seguridad Nacional estadounidense anunció la realización a finales de marzo, en Tegucigalpa, de la V Reunión con sus colegas centroamericanos, a quienes recomendaría incrementar el número de unidades policiales o de seguridad fronteriza en El Salvador, Honduras y Guatemala, además de su capacitación, supervisión e integración.

Mensaje de la representante del gobierno estadounidense, en el que demandaría a los gobiernos de los tres países, detener nuevas caravanas de migrantes que en forma irregular pretenden llegar a su país, pues éstas han traído crimen, violencia e inestabilidad a la Región.

Creación de un frente común para luchar y acabar con los traficantes de personas, que sacan provecho de la miseria humana, ante lo cual el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez, informaría del acuerdo trinacional que busca fortalecer el combate a las estructuras del crimen organizado

del “Triángulo del Norte”, mediante la homologación de la legislación de combate a las organizaciones criminales del tráfico de personas y pandillas de las “maras”.

Acuerdos en los que en ningún momento se refieren los representantes gubernamentales de los cuatro países participantes, de la grave problemática que la migración centroamericana está provocando en México, pues solamente se concretaron a tratar los problemas inherentes originados en El Salvador, Honduras y Guatemala, y sus repercusiones en la Unión Americana.

Una actitud poco diplomática, en la que si bien México no participa, de manera indirecta acata sin reconocerlos oficialmente, las recomendaciones ahí planteadas, decidido a no continuar siendo área de atracción para los vecinos del sur.

Un problema que ha empezado a complicarse, una vez que a partir de Chiapas y en otras entidades de la República Mexicana ha empezado a manifestarse el rechazo a quienes, aunque no sean la mayoría, están creando inestabilidad social y violencia.

El repudio a su presencia por momentos vandálica, puede desencadenar enfrentamientos que aún es tiempo evitar, mediante un control más estricto de su presencia. Nada fácil, pero es el momento de hacerlo por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, que por lo pronto ya no habla de darles empleo, sino deportación.

Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.

Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.

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