La reforma modifica el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Mexicana para incluir nuevos delitos en los que se aplicará la prisión preventiva oficiosa, como extorsión, falsificación de documentos fiscales y delitos contra la salud.
Un Grupo de Trabajo de la ONU contabilizó que México tiene a más de 90 mil presos sin sentencia y que los arrestos arbitrarios son prácticas continúas.
Se trata de jueces y magistrados que participaron en la elección, pero no ganaron, que presentaron su declinación ante el Senado o que renunciaron de manera anticipada por no alcanzar los 25 años de servicio para jubilarse.
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