En conferencia de prensa, recordó que desde el sexenio pasado, el régimen impulsó reformas para aumentar de nueve a 26 los delitos a los que se aplica la prisión preventiva oficiosa, es decir, “primero detener y luego investigar”.
El asunto será resuelto por un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Entre los argumentos expuestos, sostiene que la resolución impugnada incurre en diversas violaciones constitucionales y solicita que sea revocada.