Tras una exhaustiva investigación, se descarta que no se trató de algún crimen por orientación sexual, sino que se derivó por la falta de pago del consumo.
Explicó que la reforma vigente desde enero de 2026 no solo amplía las facultades de inspección, sino que eleva de manera significativa el riesgo legal para las empresas que no acrediten un cumplimiento efectivo y documentado.