La participación de los gobernadores estatales con delincuentes del crimen organizado “refleja el alcance de la corrupción en las capas del gobierno y en todos los partidos de México”.
La mujer originaria de Culiacán, Sinaloa fue declarada culpable de conspirar para la distribución de cinco kilogramos de cocaína, así como de la fabricación de 500 gramos o más de metanfetaminas en México, Colombia y Honduras