CIUDAD DE MÉXICO, 8 de agosto (AlmomentoMX).-La Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó el informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblo indígenas en México, en donde se examina la situación de los pueblos indígenas en México, durante su visita al país del 8 al 17 de noviembre de 2017 e investigación independiente.
La Relatora Especial observa que, desde la visita oficial realizada por el anterior Relator Especial Rodolfo Stavenhagen en 2003, y a pesar de los compromisos contraídos posteriormente por México en materia de derechos humanos, los pueblos indígenas continúan enfrentando graves desafíos en el ejercicio de sus derechos humanos.
Señala que se deben promover y fortalecer los sistemas de autonomía y autogobierno indígena, incluyendo sus sistemas jurídicos, incluido con la provisión de los medios para financiar dichas funciones autónomas, conforme al artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Recomienda el establecimiento de canales de diálogo, coordinación y colaboración entre las instituciones autonómicas indígenas, como las policías comunitarias, juzgados indígenas, juntas de buen gobierno y municipios autónomos, y el Gobierno en todas las áreas de interés mutuo.
Indica que se deben fortalecerse y aumentarse las iniciativas que promueven la participación política indígena en los procesos electorales, incluyendo los distritos electorales indígenas, candidaturas independientes y acceso a justicia electoral.
“Deben adoptarse las medidas legales y administrativas necesarias para que los pueblos indígenas puedan ejercer su derecho a elegir sus propias autoridades en elecciones municipales de acuerdo con sus usos y costumbres”.
Señala que las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos (extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, de agricultura, por ejemplo) constituyen un reto mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas. A la falta de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada se suman conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra pueblos indígenas que defienden sus derechos.
Todos estos problemas, señal, se están desarrollando en un contexto de profunda desigualdad, pobreza y discriminación de los pueblos indígenas que limitan su acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos.
La Relatora Especial mantuvo reuniones con instituciones del Gobierno federal y de las entidades federativas de la Ciudad de México, Guerrero, Chihuahua y Chiapas. Sostuvo reuniones en la Ciudad de México, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la comunidad indígena de La Candelaria, Chiapas, la ciudad de Chihuahua y la comunidad indígena de Tlatzala, Guerrero. En estas reuniones participaron más de 200 representantes indígenas, pertenecientes a 23 pueblos indígenas procedentes de 18 estados, con presencia paritaria de mujeres indígenas. También se reunió con organismos de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector privado, el equipo de las Naciones Unidas en el país y otros actores relevantes.
“El artículo 2 de la Constitución reconoce el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, pero como se señaló anteriormente, el mismo artículo “lo encierra con candados que hacen difícil su aplicación en la práctica”. Según este artículo, las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad”.
Indica que la aplicación de este derecho por parte de los estados varía considerablemente, particularmente en lo que respecta el derecho a elegir a sus propias autoridades de acuerdo con sus propios procedimientos y a la aplicación de los sistemas jurídicos y normativos propios. Según información estatal, de los 624 municipios indígenas en el país, 418 se rigen por sistemas normativos internos (417 en Oaxaca y 1 en Michoacán).
Cabe destacar, aunque sigue siendo excepcional, que algunas propuestas de pueblos indígenas para desarrollar su autonomía y autogobierno han sido reconocidas por las autoridades federales y estatales. El Tribunal Federal Electoral reconoció el derecho de la comunidad purépecha de Cherán, Michoacán, de elegir a sus autoridades durante elecciones municipales de acuerdo con sus usos y costumbres. Comunidades indígenas del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, han realizado acciones legales para lograr ese mismo objetivo. En este municipio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el proceso de consulta celebrado y permitió que en el proceso electoral local de 2018 se elijan autoridades locales bajo sus usos y costumbres. En Amicingo, Morelos, se eligió un ayudante municipal por usos y costumbres.
Frente a la inseguridad y desprotección, organizaciones indígenas han desarrollado varias iniciativas. Desde 1995, la policía comunitaria en Guerrero ha realizado tareas de seguridad, justicia y reinserción conforme a usos y costumbres indígenas, lo que ha reducido la violencia e impunidad. El estado de Guerrero reconoció legalmente a la policía comunitaria existente en 2011, aunque parece que actualmente hay iniciativas legislativas para desconocer los sistemas normativos indígenas. Sin embargo, se informaron numerosos casos de persecución penal y criminalización de integrantes de policías comunitarias, acusados de varios delitos.
Existen también otras iniciativas indígenas en Chiapas, como el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, compuesto por indígenas de 11 municipios de Chiapas, que promueve la conformación de gobiernos autónomos indígenas para la defensa territorial. Asimismo, la Relatora Especial recibió información sobre las acciones en marcha en los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno de Los Caracoles vinculadas al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, centradas en programas productivos, educativos, de salud y justicia para las comunidades afiliadas, sin depender de apoyos gubernamentales, y que han ayudado a reducir actividades criminales en esas comunidades.
En relación con la participación política, se han dado algunos avances positivos como la posibilidad de registrar candidaturas independientes e iniciativas para facilitar los procesos de registro para elecciones federales, estatales y municipales. Existen también iniciativas para promover el acceso a la justicia en materia político-electoral, como el Protocolo para Defensoras y Defensores de los Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas o la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. No obstante, persisten prácticas de presiones indebidas sobre los indígenas para influenciar su voto durante procesos electorales.
Se han creado 28 distritos electorales indígenas a nivel federal y 56 a nivel local, conformados por municipios con 40% o más de población indígena, que serán utilizados para las elecciones de 2018. Asimismo, una nueva norma exige que los partidos políticos o las coaliciones postulen candidatos indígenas en al menos 12 de los 28 distritos electorales federales indígenas, atendiendo al principio de paridad de género.
Los pueblos indígenas han creado instituciones autónomas representativas a nivel nacional para aumentar su participación política y generar mayor conciencia sobre sus derechos. El Concejo Indígena de Gobierno por ejemplo está conformado por concejales provenientes de distintos pueblos indígenas. Esta iniciativa de representación nacional presentó su vocera como candidata independiente para las elecciones presidenciales de 2018..
La Relatora Especial quisiera alentar a los pueblos indígenas a continuar desarrollando y fortaleciendo sus propias iniciativas legales, políticas y de libre determinación, teniendo en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos, y de esa manera contribuir a los debates nacionales sobre reformas en temas de seguridad, administración de justicia, desarrollo y gobernanza.
Los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas en México deben prestar mayor atención a la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en las áreas de su competencia. Se alienta a que el ACNUDH, en colaboración con los pueblos indígenas y el Gobierno, dar seguimiento a las presentes recomendaciones, teniendo en cuenta las propuestas de los pueblos indígenas para tal fin
AM.MX/fm
