Pablo Cabañas Díaz.
El gobierno de Enrique Peña Nieto realizó una serie de reformas, llamadas estructurales, puestas en práctica desde de 2013, que dejaron un saldo, ampliamente documentado, de concentración de la riqueza y del ingreso, elevados niveles de pobreza, alta informalidad en el mercado de trabajo y deterioro en las condiciones de vida de la población, en particular en las áreas de salud, seguridad social y educación. Además de una creciente violencia e inseguridad en prácticamente todo el territorio del país. A esta carga se suma ahora una pandemia que tendrá un alto costo político, social y económico.
Ante esta realidad es imprescindible recuperar las dinámicas económicas, cuidar la cohesión social y evitar que el pluralismo democrático sea sofocado por el autoritarismo y las tendencias regresivas
La política económica que los gobiernos del PRI y el PAN instrumentaron a nivel federal entre 1982 y 2018, recogió las demandas de los empresarios: reducir el gasto público, privatizar las empresas públicas, ajustar los precios relativos –bajar el salario real y se subir la tasa real de interés– además de liberar los precios controlados y cancelar los subsidios.
En las crisis económicas en México, un común denominador es que los grandes empresarios no comprometen sus recursos, sino que, por el contrario, acrecientan sus ganancias por la vía especulativa, que en parte envían al extranjero. La política cambiaria hace de la compra de divisas un atractivo y un redituable negocio.
La drástica reducción del gasto público desde 1982, es responsable –en buena medida–del deterioro de las condiciones de vida de buena parte de la población. Frente a los retos que demanda la sociedad mexicana, en esta pandemia, el gasto público es insuficiente. Las necesidades son muchas y de todo tipo. El rezago social y económico se ha venido acumulando. Este es el caso del gasto en infraestructura y en desarrollo social en especial en salud y educación que son el gran reto que tenemos para el mañana.
