Francisco Medina
CIUDAD DE MÉXICO, 9 de agosto (AlmomentoMX).- En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el número de indígenas en México es incierto. Hay quienes aseguran que son 16 millones. Otros, que suman hasta 25 millones. Lo cierto es que viven en las zonas más inhóspitas del país, discriminados, expoliados y/o usados para el discurso político. Su situación de pobreza y marginación es tan extrema como secular y sus comunidades se ubican en los umbrales de la pobreza extrema.
Por si fuera poco, su situación de atraso, desconocimiento de sus derechos, así como el desuso del castellano, los enfrenta contra las leyes del wachochi (como llaman al hombre blanco los rarámuris de Chihuahua). Se estima que en el país hay entre 6 mil y 8 mil indígenas presos por no saber defenderse en su idioma nativo.
México es un mosaico cultural y de diversos pueblos indígenas. Todos, tan coloridos como de costumbres y usos ancestrales. Todas con su propia lengua. En la actualidad hay 56 grupos étnicos que suman a más de 16 millones de mexicanos, habitantes de lugares inhóspitos y de difícil acceso.
Viven en las regiones más remotas del país, como montañas, cañadas y hasta desiertos. Aun así, subsisten, pero en condiciones precarias, de extrema pobreza. Desde siempre han sido utilizados para la fotografía folclórica, empero, sus necesidades y derechos pocas veces son reconocidos.
Hoy deben enfrentarse, también, a desplazamientos masivos de sus comunidades, a la invasión de sus tierras y al despojo de sus recursos. Son los Tzotziles y Lacandones del lejano sureste chiapaneco; también los Tarahumaras de las montañas y barrancas de la sierra de Chihuahua. Los yaquis de los desiertos de Sonora, o los vistosos huicholes de Nayarit y Jalisco. O bien, los mayas de la Península yucateca.
Pero su colorido y lucha milenaria por permanecer han resultado insuficientes para superar su condición de abandono. Hoy su presente y futuro podría cambiar de concretarse los objetivos planteados en diversas iniciativas lanzadas por la Comisión de Asuntos indígenas del Senado que buscan, entre otros asuntos:
Preservar su cultura e identidad indígena y de pueblos tribales; la conservación de sus tierras y el acceso a la justicia, reconociendo-protegiendo sus valores y prácticas sociales y culturales conforme a sus costumbres.
También, preservar sus lenguas. Son 68 formas de expresión hoy amenazadas y en riesgo de desaparición.
Absurdo resulta que en pleno siglo XXI, nuestros indígenas no gocen de los beneficios sociales y humanos de todos los mexicanos. Ello porque a los pueblos originarios se les ha dado un trato de “objetos”, como mercancía electoral, y no se les ha reconocido como “sujetos con personalidad jurídica, titulares de derechos y obligaciones, así como objetos de políticas públicas, censura la senadora Noyola Cervantes.
México es uno de los países de mayor riqueza lingüística. Existen, a lo largo del territorio, 68 lenguas maternas que, a su vez, comprenden 364 variantes pertenecientes a once familias. Empero, la multicularidad está en riesgo y amenaza con la extinción a diversas lenguas primigenias, alerta y reitera.
México, nación de culturas ancestrales, cuenta con más de 16 millones de indígenas. Es decir, poco más del 10 por ciento de su población. No obstante, sólo siete millones de ellos conservan su lengua original. “De a poco las hemos perdido y urge trabajar en su conservación”.
La Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República ha lanzado una iniciativa para su conservación, comprometiendo a los gobiernos estatales a destinar recursos para que prevalezcan, junto con sus usos y costumbres que, sin duda, enriquecen nuestra cultura.
La Gubernatura Nacional Indígena señala que en cuanto al acceso a derechos sociales, se documentó que ocho de cada 10 indígenas carecen de seguridad social (pensiones y prestaciones) y uno de cada cuatro tampoco tiene acceso a los servicios de salud.
De igual forma, los indígenas residen en casas más precarias que el resto de los mexicanos, ya que 59.7 por ciento carece de servicios básicos en ellas y 34.3 por ciento tiene viviendas de baja calidad y espacio insuficiente, indicó el Coneval. En el resto de los mexicanos, el porcentaje en esos rubros es de 17.1 por ciento y 11.3 por ciento, respectivamente.
En cuanto a satisfacción de necesidades básicas, como alimentación, 34.4 por ciento (3.9 millones) de los indígenas no tienen acceso y 34.1 (3.9 millones) enfrenta rezago en su nivel de educación, reportó el organismo.
La Gobernatura Nacional Indígena señala que la Cámara de Diputados ha violado reiteradamente los artículos 1, 2 8 y 35, fracción V, 39, 40, 113, 116, fracción IV, numeral 7 inciso e), y 133 de la Constitución.
Agregó que el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación ha otorgado sentencia favorable a María Gloria provocando el descontento de los pobladores del municipio de Oxchuc, violando así los usos y costumbres consagrados en el Artículo 2 de la Constitución, y no dar cabal cumplimiento a las disposiciones previstas por las fracciones III y VII, del Apartado A, párrafo 1º. Y segundo del apartado B del artículo 2, de la misma carta magna.
“En relación con las providencias contenidas en los artículos 1,2,8, 39, 41, 43, dándonos la oportunidad de hacer uso del Artículo 71 de la Constitución y presentar una iniciativa de ley consagrada en el numeral IV, para pedir Juicio Político o la destitución de los Servidores Públicos en base a los Artículos 108, 109, 110, 11, 112, 113, 114, por omisión a la Carta Marga y los tratados internacionales 116, fracción IV, numeral 7 inciso e), y 133 de la propia Constitución”.
Demandaron el cumplimiento del mandato establecido en el artículo Segundo Transitorio del decreto por el que se aprueba la reforma del artículo 2º. De la Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de agosto de 2001. A efecto de que el Congreso de la Unión emita las leyes reglamentarias que definan de manera clara y precisa los mecanismos para el goce y ejercicio efectivo de los derechos político-electorales, de acceso a la representación política estatal de los Pueblos y Comunidades Indígenas en la entidad, Definiendo y desarrollando las políticas institucionales necesarias y la implementación de acciones pertinentes y oportunas, para asegurar y garantizar el goce y ejercicio de los derechos político-electorales que son inherentes a los pueblos y comunidades indígenas que se han citado; impidiendo de inmediato que se continúe con la violación de sus derechos políticos-electorales individuales y colectivos.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sólo 57 por ciento de los indígenas tiene acceso a instituciones de salud, 22.6 por ciento vive en casas con piso de tierra y 27.3 por ciento de dicha población de 15 años de edad o más es analfabeta.
Carlos Zolla, académico del Programa Universitario México Nación Multicultural, de la Universidad Nacional Autónoma de México, coincidió en que en un entorno de desigualdad, los indígenas son el segmento más afectado.
Los miembros de los pueblos indios, advirtió el especialista, son los más vulnerables ante la enfermedades infecciosas y crónico-degenerativas, además de presentar los mayores niveles de desnutrición en el país.
Además, estas comunidades enfrentan rezago educativo, marginación, discriminación, pobreza y carencia de acceso a distintos servicios, lo cual debe ser combatido mediante políticas públicas integrales que consideren la participación y el potencial de estas comunidades, dijo Zolla.
Gloria Mejía Elizondo, integrante del colectivo feminista Kinal Antzetik, consideró que dentro de la marginación y carencias que sufren los indígenas, las mujeres son un sector todavía más vulnerabilizado, puesto que en muchas ocasiones los sistemas de usos y costumbres limitan aspectos como su participación política, sus derechos sexuales y reproductivos o su acceso a la salud.
“Las mujeres han sido protagonistas de los movimientos de sus pueblos en defensa de sus recursos, como muestran las luchas contra proyectos mineros, pero han tenido que pelear por sus derechos en el interior de las comunidades”, indicó.
“Hay una visión muy romántica sobre los usos y costumbres. Una parte de ellos tienen un gran valor cultural para los pueblos, pero también están permeados por el machismo y las construcciones de género que reproducen la desigualdad entre hombres y mujeres, aunque esta violencia estructural no sólo atañe a los indígenas”, enfatizó.
En un país donde más de 25 millones de personas se reconocen como indígenas, un estudio de la organización Oxfam presentado este martes en Ciudad de México, muestra que el 43% de quienes hablan una lengua nativa no completaron la primaria, el 8.5% apenas llegó a la educación superior y solo el 10% ha logrado una posición como empleador o un trabajo formal.
El 40.5% de quienes integran este grupo de la población se emplean en actividades manuales o de menor calificación. Por lo tanto, es el sector más golpeado por la pobreza en la segunda economía de América Latina. Ser hombre, blanco y hablar español es la llave que abre las puertas a mayores oportunidades y privilegios en México.
“Sí hay un proceso de discriminación muy claro que tiene elementos de racismo, de clasismo, de machismo. Es una realidad muy dolorosa en el país. Hay una discriminación muy marcada que se traduce en dificultades en la educación, oportunidades laborales y distribución del ingreso y de la riqueza”, explica Ricardo Fuentes Nieva, director ejecutivo de Oxfam México. “Es difícil entender esto si no es por cuestiones de oportunidades que vienen asociadas al color de piel, al género o a la lengua que se habla en la familia”, agrega en conversación con EL PAÍS.
Las personas afrodescendientes, mulatas o quienes tienen piel oscura también sufren las consecuencias de la discriminación en México. Solo el 12% de los afrodescendientes ha logrado llegar a la educación superior, el 13% ha accedido a un trabajo formal o a una ocupación como empleador, mientras que la pobreza afecta al 30% de las personas con piel oscura. El informe —titulado Por mi raza hablará la desigualdad— muestra que históricamente el 72% de quienes hablan una lengua indígena han experimentado racismo y discriminación, frente al 37% de las personas mulatas o negras y el 35% de quienes dicen tener un tono de piel oscuro. Estos grupos, advierten desde Oxfam, no solo son más propensos a experimentar maltrato y discriminación, sino que se enfrentarán a carencias sociales a lo largo de su vida.
“En este contexto de enormes brechas y distintas desigualdades en el país hay quienes sufren mayoritariamente por esta falta de oportunidades, como las mujeres indígenas, que son una gran preocupación”, asegura Fuentes Nieva. La investigación —firmada por los sociólogos Patricio Solís, Braulio Güemez Graniel y Virginia Lorenzo Holm, del Colegio de México, una de las instituciones educativas y de investigación más importantes del país norteamericano— muestra que el 84% de las mujeres que hablan una lengua indígena tiene menos probabilidades de subir a los niveles superiores de riqueza. “Las mujeres indígenas están en la parte más baja de la escalera de oportunidades en este país y es una deuda histórica que tenemos que resarcir”, dice el director de Oxfam en México.
Se trata de una larga herencia de marginalidad que no han encarado los distintos gobiernos mexicanos, que además han perdido la lucha contra la pobreza en una nación petrolera que cuenta con 52,4 millones de pobres. “No ha habido el esfuerzo necesario en términos de políticas de inclusión para que a ciertos grupos se les permita participar más en los procesos educativos o laborales y que eso lleve a la participación en los procesos políticos. Son comunidades que además de ser discriminadas [por su raza, lengua o etnia] no tienen voz ni acceso a la participación política”.
Aunque la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al Ejecutivo mexicano ha generado grandes expectativas entre millones de pobres por su discurso para combatir la miseria bajo el lema “Primero los pobres”, desde Oxfam son cautelosos al analizar el impacto que puedan tener los programas de la nueva Administración en relación con reducir la pobreza que afecta a indígenas, afrodescendientes y mujeres. “No es fácil de identificar cuáles son los objetivos [de los programas sociales del Gobierno] ni cuáles serán sus resultados. Aunque uno pueda estar de acuerdo con este proyecto de primero los pobres, el voluntarismo no es suficiente: necesitamos identificar si los recursos se están invirtiendo adecuadamente y si de verdad hay resultados para resarcir estas brechas”, afirma Ricardo Fuentes Nieva. “Los recursos del Estado tienen que ser redistribuidos para asegurar políticas públicas que beneficien a estos grupos”.
AM.MX/fm
