CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el alarmante crecimiento de agresiones y violencia en el país, es necesario garantizar la distribución y el ejercicio de los recursos otorgados a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y salvaguardar los derechos humanos de las personas, aseveró el senador Samuel García Sepúlveda.
En una proposición con punto de acuerdo que presentó, en la Comisión Permanente, el legislador de MC exhortó al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no realizar recortes presupuestales a la CEAV, para no dar marcha atrás a los avances y esfuerzos en la atención de víctimas del delito, además que privaría a la población de los servicios que esta institución ofrece.
La propuesta, aclaró, tiene por objeto hacer un llamado para que se refuercen las acciones en materia de atención a víctimas y sean las dependencias quienes garanticen los derechos de las personas ante algún daño, a consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos.
El legislador regio señaló que de acuerdo a la CNDH, la paralización o desaparición de la CEAV implicará que los asuntos y procedimientos judiciales en trámite no cumplan con el principio de eficiencia, de tal manera que su seguimiento se verá interrumpido.
Informó que algunos de los asuntos que se verán afectados serían el de Ayotzinapa, Casino Royale, Atenco, Tanhuato, Guardería ABC y Tlataya.
García Sepúlveda recordó que la CNDH tiene ante a la CEAV en trámite 287 recomendaciones ordinarias o violaciones graves cometidas por servidores públicos del orden federal de gobiernos anteriores pendientes de ser atendidas.
Al no ser atendidas en términos de la Ley General Víctimas, se estaría re victimizando a cada una de las víctimas directas e indirectas que se encuentran bajo el cobijo de CEAV, en sus derechos humanos, apuntó.
El senador de MC denunció que el gobierno, en lugar de incrementar los recursos destinados a este proceso, bajo el discurso de austeridad republicana y los estragos por la pandemia, decidió reducirlos.
El punto de acuerdo se turnó a la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso.
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