CATALUNYA.- Las Juntas de Tratamiento de las tres prisiones donde cumplen condena los nueve políticos presos tras el juicio del ‘procés’ por delitos de sedición y malversación elevaron este jueves un informe al departamento de justicia de la Generalitat que podría permitir que reciban el tercer grado penitenciario; es decir, la semilibertad. Esto significa que podrían, por ejemplo, solo pasar la noche en los centros penitenciarios y pasar el fin de semana con sus familias.
A partir de la entrega del informe, la Generalitat tiene dos meses para ratificarla o no. Sin embargo, fuetes de la Fiscalía explicaron que el organismo se inclina por recurrir la decisión. De ser así, el Tribunal Supremo, organismo que los condenó en primer lugar, tendría la última palabra.
Amand Calderó, secretario de Medidas Penales de la Generalitat y encargado de informar de la decisión de las Juntas de Tratamiento de las cárceles de Lledoners, Puig de les Basses y Wad Ras, explicó que “El tercer grado no exime de la pena, es una forma más de cumplir con la pena”.
El reglamento de las prisiones establece que cada seis meses se evalúe el grado de todas las personas privadas de su libertad. El 11 de diciembre pasado se les otorgó el segundo grado a todos los presos del ‘procés’, el cual les permite salir de la cárcel para trabajar o hacer voluntariado. El grado tres les dará otras ventajas como estar en centros abiertos o departamentos especiales de la Generalitat. El tercer grado también implica la posibilidad de disfrutar de un máximo de 48 días de permiso ordinario al año, distribuidos en dos semestres. Como máximo, siete días seguidos por permiso. Los políticos presos han estado ya dos años y medio en prisión.
El anuncio, no obstante, no asegura la flexibilización del régimen penitenciario del exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsejeros Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los líderes de las entidades independentistas Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium). Las decisiones de las juntas tienen que ser validadas por el Servicio de Clasificación del departamento de Justicia. La Fiscalía, además, aseguró que, de producirse la ratificación necesaria, apelará la decisión ya que consideran la semilibertad como un “fraude”.
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