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Propone que los contratantes retengan el 25% del impuesto que trasladan, un 4% del 16% del IVA

CDMX, 15 Octubre 2018.- El Paquete Económico 2020, propone en particular modificar la Ley del IVA, iniciativa que aunque aparenta ser beneficiosa, trae consigo graves perjuicios económicos y sociales, como poner en riesgo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), la afectación a los sectores más vulnerables de la sociedad (como mujeres, jóvenes y madres solteras) y, sobre todo, el aumento de la informalidad laboral, señaló Elias Micha, Director General de TallentiaMX.

Por ejemplo, añadió, a las empresas de subcontratación (ES), lejos de dedicarse exclusivamente a pagar nómina, ofrecen un servicio integral, cuyos conceptos generan IVA acreditable. De acuerdo con estimaciones de TallentiaMX, independientemente de la nómina, los desembolsos de operación de dichas empresas (tales como infraestructura, transporte, seguros, capacitación, crédito, vestuario, equipo, arrendamiento, cómputo, entre otros) pueden representar el 51% de sus gastos. Por otra parte, ofrecen con regularidad créditos de hasta dos meses a quienes los contratan, principalmente a las PYMES.

La retención del 100% del IVA pondría en riesgo el esquema de subcontratación, pues provocaría que las ES pierdan el flujo de capital indispensable para operar. Para contrarrestar los efectos de falta de liquidez, las ES se verían obligadas a incrementar sus honorarios en un 7% de manera inmediata (lo cual les permitiría afrontar sus costos de operación) y a suspender los créditos que actualmente ofrecen.

El incremento del precio de los servicios de subcontratación y la reducción del crédito afectarían a las PYMES, que, según cálculos de TallentiaMX, constituyen el 97% de los clientes de subcontratación. No está de más apuntar que en nuestro país el 93% de las empresas son PYMES. Ellas, para sobreponerse a las modificaciones que propone la Miscelánea Fiscal 2020, quedarían orilladas a adoptar medidas que precarizan el trabajo, como lo son los pagos informales, los bajos salarios y la anulación de la seguridad social y de derechos laborales, dijo Elias Micha.

Además, esta iniciativa se presenta en un contexto sumamente desfavorable en términos de eficiencia hacendaria en devoluciones de impuestos. Según estimaciones de la COPARMEX, en lo que va del año, el SAT ha retardado más de 700 mil millones de pesos en devoluciones.

En términos sociales, las consecuencias de la propuesta de la Ley del IVA son extremadamente alarmantes, sobre todo si notamos que se vulnera a los sectores más expuestos de la población y que se incrementa la informalidad. Algunos datos pueden explicar la naturaleza y la gravedad del asunto.

Actualmente, comentó, sólo 20,079,275 personas están empleadas ante el IMSS, es decir, el 35.26% de la población económicamente activa (PEA). El 42% (equivalente a más de 8.4 millones de connacionales) labora bajo algún régimen de subcontratación. Unos 40 millones de individuos dependen indirectamente de esta modalidad.

En consecuencia, de aprobarse las modificaciones, además de las PYMES, alrededor del 31.8% de la población se vería tangencialmente expuesta a la precarización y estaría orillada a la informalidad.

Así, la retención del 100% del IVA generará o despido de personal o cierre de PYMES, aumento del desempleo, acentuación de la informalidad y recrudecimiento de la precarización.

Hay que considerar que el 40% de quienes trabajan por subcontratación son mujeres (casi 3.5 millones) y, entre ellas, el 30% (más de un millón) son madres solteras. Los jóvenes de entre 15 y 29 años representan el 30% del personal subcontratado (2.5 millones). Todos ellos se subcontratan por los beneficios que este régimen les ofrece, como el trabajo por tiempo parcial, la capacitación y el acceso a la seguridad social.

Como solución, dijo, TallentiaMX propone que los contratantes retengan el 25% del impuesto que trasladan, es decir, un 4% del 16% del IVA. Esto posibilitaría simultáneamente el buen funcionamiento de las empresas de subcontratación, aseguraría la estabilidad del 30% de las PYMES que operan en México, favorecería el trabajo digno y con capacitación de más de 8.4 millones de connacionales y eliminaría cualquier empresa que ofrezca servicios de contratación fraudulento.

AM.MX/cctp

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