*Las estadísticas no pueden interpretarse con otros datos, deben usarse los que arrojan las respuestas de los ciudadanos que, de una u otra manera, se sienten agraviados por la ausencia de Estado
Gregorio Ortega Molina
¿Es lícito vivir con miedo permanente, con el Jesús en la boca, en un país donde los contribuyentes cumplimos reverencialmente con la entrega de nuestro tributo, y en materia de garantías constitucionales nada recibimos?
Recuerdo, de los cuentos de Horacio Quiroga, uno donde el domador es devorado por el tigre, porque trató de domesticarlo tocándole con un cautín los testículos. En asuntos de salud, educación, alimento y seguridad, tantear los órganos genitales de los y las contribuyentes, equivale a correr el riesgo de que, al menos, el tigre despierte, aunque creo que ahora ya está con los ojos bien abiertos, por más que popularidad y aceptación, reales o fingidas, muestren que el país aparentemente vive en paz. Pero veamos la realidad, tomemos distancia de la palabra revelada, y constaremos lo que niegan los otros datos.
El INEGI, al cual la 4T le tiene puesto el ojo para quitarle la autonomía, dio a conocer los resultados del XXVI levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada en la primera quincena de diciembre de 2019; durante ese mes 72.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.
Dice la información: “Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto al de 71.3% de septiembre de 2019, pero no es estadísticamente diferente al de 73.7% registrado en diciembre de 2018. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 77.2%, mientras que para los hombres fue de 67.8 por ciento.
“A partir de junio de 2018, con el objetivo de proporcionar un dato oportuno sobre la victimización, se busca conocer de manera semestral la proporción de hogares en zonas urbanas víctima o con integrantes mayores de 18 años víctima de los delitos de robo y/o extorsión. Asimismo, desde junio de 2019 se indaga el porcentaje de víctimas de actos de corrupción por parte de autoridades de seguridad pública y, a partir de diciembre de 2019, se busca conocer a las personas víctimas de violencia sexual.
“Así, a nivel nacional, 35.3% de los hogares contó con al menos una víctima de robo y/o extorsión durante el segundo semestre de 2019. En cuanto a víctimas de actos de corrupción por parte de autoridades de seguridad pública, durante el segundo semestre de 2019 se estima que el 14.6% de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, del cual 48.3% declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte de éstas.
“Finalmente, a partir de este trimestre se proporciona una estimación de las víctimas de acoso personal y violencia sexual. Se estima que de la población de 18 años y más, durante el segundo semestre de 2019 el 19.4% fue víctima de acoso personal y/o violencia sexual. En el caso de las mujeres este porcentaje fue de 27.2%, mientras que en hombres fue de 10.1 por ciento”.
La anterior es nuestra realidad. Las estadísticas no pueden interpretarse con otros datos, debe usarse los que arrojan las respuestas de los ciudadanos que, de una u otra manera, se sienten agraviados por la ausencia de Estado.
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