Francisco Rodríguez
El abismo está frente a nosotros. La impunidad se ha convertido en razón de Estado. Y así como no se puede vivir en una sociedad sin orden, sin instituciones, donde priva la ley del más fuerte, del mejor armado y del más corrupto, menos se puede sobrevivir en un país al servicio de los peores, del más impune, de los descastados.
Combatir el grave problema de la impunidad –mucho más pernicioso que el de la corrupción– debe estar en la base del desarrollo de cualquier país. Primero se construye la seguridad y la justicia, obligaciones primigenias de cualquier Estado, después todo lo demás, so pena de condenarse al fracaso.
La condena adelantada es caer en la mafiocracia, donde el autoritarismo no lo impone el gobierno establecido, sino las organizaciones criminales asociadas a los mandarines y, para colmo, partidas de delincuentes que ocupan de inmediato todos los vacíos de poder. Pandillas organizadas a cargo del espionaje, la rapiña, el desaseo y la represión asesina contra los adversarios, contra todo aquél que se oponga pacíficamente a cualquier latrocinio.
Confunden la autoridad legitimada con el avasallamiento de la fuerza
En lugar de invertir más en seguridad y justicia, para cumplir con las únicas obligaciones que le dan su razón de ser, el Estado toluquita alimenta las cifras macro de la economía ficción, engrosa los montos del superávit, se endeuda rabiosamente a nuestras espaldas, con cargo a nuestras costillas y precipita condiciones impredecibles para los mexicanos.
No saber qué hacer desde el Estado, cuando se toma posesión de él, constituye una grave afrenta, un perjurio incalificable para la sociedad. Aparte de que constituye una grave irresponsabilidad moral, atenta contra la supervivencia y contra la paz pública. Tal ha sido la causa de las grandes tragedias de toda república constituida.
Por no saber qué hacer con el Estado fracasó el programa de la Segunda República española. Su ideólogo, José Ortega y Gasset, fue contundente en la premonición del aquelarre: “si fuere forzoso quedarse con un solo atributo en la definición de la política, yo no vacilaría en preferir éste”, decía el filósofo español…
“… política es tener una idea clara de lo que se debe hacer desde el Estado en una nación; el gran político ve siempre los problemas del Estado a través y en función de los nacionales. Sabe que aquéllos son tan sólo un instrumento. Inversamente, el pequeño político, como se encuentra con el Estado entre las manos…
“… tiende a tomarlo demasiado en serio, a darle un valor absoluto, a desconocer su sentido… en la historia triunfa la vitalidad de las naciones… a la República sólo ha de salvarla pensar en grande, sacudirse lo pequeño y proyectarla hacia lo porvenir…” Haciendo caso omiso, los gobernantes confundieron la autoridad legitimada con el monopolio que avasalla con la fuerza irracional.
Ex gobernadores imputados con pequeños deslices, que son superables
Las repúblicas han naufragado por causas menores a los estropicios que se han causado en México. Los políticos de huarache, llegados de Atracomulco y sus alrededores, han confundido la política con el huizache, ese viejo arte de los abogados chambones que arreglan los asuntos mayores en las rendijas de las barandillas.
Los huizacheros mexiquenses y sus palafreneros pachuquitas han llegado al extremo de pretender que el pueblo se crea el fincamiento de imputaciones a los gobernadores rateros, cuando las causas penales que se les atribuyen significan pequeños deslices, fácilmente superables por cualquier aprendiz de litigante.
Los delitos por los que se extradita al impresentable Javier Duarte, delincuencia organizada y lavado de dinero, son exactamente iguales a los tipos penales impuestos en los procesos a Oceanografía, a Compañía Mexicana de Exploraciones, a OHL y las que tratan a toda costa de aplicar al caso Odebrecht para salir del paso.
Y son exactamente los mismos delitos por los que supuestamente sudan la gota gorda, que no es sino otra sopa boba, los cómplices de Enrique Peña Nieto en las gubernaturas: Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Humberto Moreira, Roberto Sandoval, César Duarte, Roberto Borge y el propio Javier Duarte, socio mercantil de Peña Nieto en los negocios turbios de Comercial Mexicana y Soriana. Que éste cante es lo que verdaderamente temen en Los Pinos.
Estas son sólo ganas de seguir haciendo el ridículo. Pues en el remoto caso que la Procuraduría General de la República tuviera los abogados competentes que demostraran a la nación que saben integrar una averiguación previa –que jamás han podido realizar– los delitos pueden ser solventados con ridículas condenas que merezcan cierto lapso de arraigo domiciliario y liberación de inmediato.
Cargos más leves que los de Urdangarin, penado con 7 años de cárcel
Los cómplices de Enrique Peña Nieto tienen mucho más fuero que Iñaki Urdangarin, el cuñado del rey de España, que por un delito miles de veces menor a los multimillonarios atracos de Javier Duarte, ha sido sentenciado a siete años inconmutables de prisión, aparte de ser abruptamente canceladas sus posiciones en la realeza hispana, junto con su familia.
La impericia es tal que, como usted recuerda, todos los abogados y policías ministeriales de la Federación abocados al caso, no pudieron abrirle una investigación por consigna de Los Pinos y Bucareli a Cuauhtémoc Gutiérrez, El Príncipe de la Basura, enemigo propicio del régimen de fantoches que padecemos.
La absolución presidencial está dada de antemano; que no suelte la sopa
En el ridículo de moda, la extradición y juicio a Duarte de Ochoa, el antecedente es claro: cuando Auditor Juan Manuel Portal, viendo el negocio a la mano, envió personeros a la casa de gobierno de Xalapa para amenazar al nefasto priísta que si no le entregaba un moche de 500 millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación a su cargo, le fincaría responsabilidades de peculado por 5 mil millones.
Como los enviados del Auditor Superior regresaron de Veracruz con las alforjas vacías, hizo el berrinche de su vida, salió a los medios y pidió cárcel para el llamado Javidú… y ahora se presenta en el penoso caso de burlador burlado. Todo un huizachero sin futuro. Se queja de que sus famosas observaciones fueron rebotadas por la Fiscalía Anticorrupción jarocha y que la PGR se excusa por incompetencia jurídica de su cumplimiento. ¡Hágame usted el refabrón cavor!
Se presta a un juego nefasto y absurdo, y lo traen como canica en caja de zapatos, rebotando en las esquinas y quejándose de su falta de dientes. Absolutamente repujado sin remedio en el birlibirloque de un sanquintín donde la absolución presidencial está dada de antemano, por aquello de evitar que Duarte de Ochoa suelte la sopa en casos más riesgosos para la estabilidad toluquita.
Así, aunque Juan Manuel Portal, el berrinchudo fallido, haya promovido cuantos amparos quiera contra el sobreseimiento y el archivo a sus trece averiguaciones e indagatorias administrativas, todo no pasará de ese soberbio muro de lamentaciones. El asunto del extorsionador fracasado, Juan Manuel Portal, ya es cosa juzgada.
Toda la tolucopachucracia exonera de antemano. ¡Faltaba más!
La decisión presidencial es que su cómplice Javier Duarte no sea molestado en lo mínimo minimorum. Lo mismo alcanza para su pareja sentimental y todos sus compinches ladrones en los congresos locales y federales, secretarios, aduladores y favoritos, compañeros en el enriquecimiento y el placer. ¡Faltaba más! Todos están exonerados de antemano.
Ni la esposa, ni el suegro, ni los amigos sentimentales del obeso Duarte tocarán jamás la hoja de una investigación ministerial. Su decoro, honestidad y fama pública subsistirán por los siglos de los siglos. Todo es una farsa arreglada, para servir de pantalla a una entrega pactada, como lo reveló en su momento la pluma del político oaxaqueño Jesús Martínez Álvarez.
Y esta exoneración alcanza también para sus aliados y favorecedores, José Murat, Enrique Jackson, Mario Marín, Manuel Bartlett, que han estado siempre con la cubeta y la toalla en esa esquina del ring, protegiéndolo de todos los escándalos. Usted sabe, han obtenido pingües beneficios durante más de seis años de reinado.
Intolerancia ciudadana frente a la corrupción generalizada de los tolucos
Pero es una farsa montada por huizacheros, jamás por políticos que entiendan de formas y fondos, sino por gentuza que toma al Estado como un valor absoluto, en palabras de Ortega y Gasset, el mismo que pronosticó el desastre de la Segunda República española, prolegómeno de una guerra civil que no queremos recordar.
Menos en estos momentos, pues el horno no está para bollos. Miles de mexicanos se enrolan en los grupos inconformes, cada vez más intolerantes, de autodefensas en respuesta a la corrupción generalizada, entronizada y propalada en todos los niveles del llamado servicio público por los tolucos y pachuquitas huizacheros.
¿Usted qué haría?, pregunta el huizachero que con su inconsciencia subleva a los mexicanos, situando a la impunidad como razón de Estado.
Índice Flamígero: Bajo el título “Exigimos castigo y destitución inmediata del lujurioso juez nalgueador que agrede a las mujeres”, circula en redes una denuncia que la Judicatura Federal debe tomar en cuenta: “La impunidad sigue haciendo de las suyas; el Juez Primero de lo Civil, Marco Antonio González Alegría, asiduo visitante del restaurante “La Silla” (en Puebla) a donde acude para ingerir cantidades industriales de alcohol, no escatima en abusar del cargo público que ostenta: el supuesto impartidor de justicia, es un delincuente que dispone de una red cómplices conformada por meseros y hasta el gerente del restaurante. El viernes 30 de junio, agregó una mancha más a su negro historial de abusos: después de embriagarse, durante cuatro horas y media, empezó su lujurioso acoso hacia una joven mujer; pero como no fue correspondido, emprendió su agresión verbal hasta llamarla “puta”. Al percatarse uno de los dos acompañantes de la joven, con determinación increpó al juez para exigirle que la respetara; a lo que el agresor le respondió con golpes y ordenó a los meseros a que también lo golpearan; el acompañante de la joven, Christian Mayagoitia, como pudo se defendió de todos los que lo golpeaban al mismo tiempo, quienes no satisfechos con golpearlo en montón, por órdenes del juez, llamaron a la policía para que también lo golpeara y después lo detuviera. El Juez resultó con una mordida en la oreja y algún mesero con una mordida en los dedos. Sí Christian Mayagoitia logró morderlos, en la oreja y en los dedos, es porque todos juntos se le echaron encima; por eso fue que tanto la oreja como los dedos estuvieron al alcance de sus dientes, porque lo tenían inmovilizado de brazos y piernas. Lo peor de todo esto es que Christian Mayagoitia, por haber defendido a la joven mujer de la conducta lujuriosa y de las leperadas del Juez, y por haberse defendido de la agresión física tumultuaria contra su persona que le dejó contusiones en la cara y traumatismo en las piernas; ahora otro juez pretende castigarlo fincándole una sanción de 500 mil pesos. Al parecer, los impartidores de justicia tienen licencia para delinquir; porque a pesar de que el Juez Primero de lo Civil, Marco Antonio González Alegría, por su incontrolable lujuria primero agredió a la joven mujer y, después, por su prepotencia y abuso del cargo incitó la agresión física contra el acompañante Christian Mayagoitia; ahora resulta que al lujurioso juez, otro juez lo presentan como víctima y lo defiende. Por si eso fuera poco, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, quien debería destituirlo, también lo defiende al decir que las acciones indebidas las realiza en calidad de ciudadano; lo que significa que en su perspectiva, los jueces tienen licencia para manosear a las mujeres en los momentos en que no desempeñan el cargo. Por la cadena de impunidad que se configuró con el conflicto de interés, el tráfico de influencias, el abuso del cargo, y la asociación delictuosa del juez Primero de lo Civil, Marco Antonio González Alegría, con el personal del restaurante “La Silla”, exigimos: 1.- Que el Congreso del Estado reconvenga enérgicamente al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, por la desafortunada defensa que hace del lujurioso y busca pleitos “Juez”. 2.- Destitución inmediata del “Juez”, por la evidente carencia de probidad para ejercer el cargo. 3.- Sanción ejemplar al lujurioso y busca pleitos Juez Primero de lo Civil, Marco Antonio González Alegría. 4.- Sanción ejemplar a los cómplices del lujurioso y busca pleitos Juez Primero de lo Civil, Marco Antonio González Alegría: meseros y gerente del restaurante “La Silla”. 5.- Clausura inmediata del restaurante “La Silla”, por parte de Normatividad Comercial del Ayuntamiento de Puebla, hasta en tanto no de investigue y sancione a los cómplices del lujurioso y busca pleitos Juez Primero de lo Civil, Marco Antonio González Alegría. 6.- Exoneración, inmediata e incondicional, de Christian Mayagoitia por haber defendido a la joven mujer da la lujuria del Juez Primero de lo Civil, Marco Antonio González Alegría, así como por haberse defendido de la agresión física tumultuaria de que fue víctima por el mismo hecho. ¡No más jueces abusivos y misóginos! ¡Todos somos Christian!” Para los poderosos, ya sean ex gobernadores o jueces, “justicia”, impunidad y gracia. Para los ciudadanos, acusaciones falsas y todo el peso de la cada vez más desacreditada ley, ¿o no?
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