Fernando Irala
A una semana de la tragedia en un centro de detención en Ciudad Juárez que cobró la vida de cerca de cuarenta migrantes y causó lesiones a cerca de treinta más, sus principales secuelas están por producirse.
El régimen que en sus inicios abrió las puertas al flujo migratorio, lo alentó y le dio facilidades de alimentación y transporte, fue rápidamente doblado por los métodos rudos de Donald Trump, y derivó al extremo contrario: primero se intentó blindar la frontera sur para servir de dique a las corrientes humanas provenientes de Centroamérica, luego nos hemos convertido de facto en el patio trasero de contención a quienes aspiran a llegar a territorio estadounidense.
Ahora se aplican métodos policiacos para “atender” un problema social, con las consecuencias que ya antes conocíamos, pero que ahora saltan a la vista. Los migrantes, por su naturaleza misma indefensos y vulnerables, son materialmente asaltados por las bandas del crimen organizado, sometidos a trata de personas, extorsionados y vejados por las autoridades que deberían protegerlos, y en el extremo asesinados, como ocurre en carreteras y caminos, y esta vez en una cárcel mal llamada albergue migratorio.
Está claro que lo que ocurrió en Juárez fue un asesinato, pero lo que sucede todos los días del Suchiate al Bravo con los migrantes es una cadena de delitos y abusos impunes.
Ante las evidencias, el gobierno está pasmado. La peor muestra fue la gira presidencial en Juárez del fin de semana, planeada desde antes de la tragedia para presumir programas sociales, y a la que ni siquiera hubo el intento de cambiarle la agenda para preocuparse por el desastre.
Esta es la peor tragedia, la de un gobierno que se ha convertido en un régimen de destrucción y muerte, al que ni siquiera conmueve el hecho contundente de la masacre.
Sólo falta que se nos conteste con el soliloquio: ¿cuál masacre?, seguido de una estentórea carcajada.
