CIUDAD DE MÉXICO, 16 de noviembre (AlmomentoMX).- La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Congreso expida la ley en materia de gasto en comunicación social no solo es histórica, sino que pone de manifiesto que en México existe un contrapeso y auténtica división de poderes, afirmó hoy la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta de la Junta de Coordinación Política.
“Esta sentencia además de histórica se da en un momento pertinente ante quienes pretenden secuestrar los interesas nacionales a sus intereses particulares”, señaló Herrera Anzaldo.
La presidenta de la JUCOPO celebró el fallo del máximo tribunal pues -dijo- se trata de la institución encargada de velar el orden establecido en nuestra Constitución.
Ana Lilia Herrera aclaró que en la Cámara de Senadores existen seis iniciativas promovidas por todos los grupos parlamentarios, cuyo proceso legislativo está en curso para atender esta obligación constitucional.
En entrevista antes del inicio de la sesión ordinaria de este día, Ana Lilia Herrera aseguró que “acataremos la resolución de la Suprema Corte, para contar con una ley que dé certeza al artículo 134 constitucional”.
Asimismo, lamentó que el Congreso no haya cumplido el plazo establecido en la reforma constitucional de 2014, en virtud de que no se han alcanzado los consensos entre las diversas fuerzas políticas.
La presidenta de la JUCOPO anunció que en los próximos días habrá una reunión de las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras donde se revisarán los avances en los temas más urgentes en la agenda legislativa, y sin duda esta ley es de máxima prioridad.
Al respecto, la senadora Dolores Padierna Luna, señaló que La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo histórico que pone al Congreso de la Unión en una posición ineludible: la necesidad de legislar y regular el gasto en publicidad oficial, con un plazo máximo de abril 2018.
Indicó que como todos sabemos, en los últimos años, el gasto en publicidad oficial en los medios se ha convertido en un mecanismo de despilfarro del presupuesto público, no sólo a nivel federal sino también en los gobiernos estatales.
La administración federal de Enrique Peña Nieto, dijo, superará todos los registros anteriores de un sexenio en este tipo de gasto: hasta ahora ha destinado más de 38 mil millones de pesos para promoverse personalmente y al final de su gestión sumarán 40 mil millones de pesos. Hablamos de recursos superiores a los 37 mil millones de pesos que el gobierno peñista destinará para la reconstrucción de las personas afectadas por los sismos.
“Este gasto, según han documentado organizaciones civiles como Artículo 19 y Fundar, ha rebasado en más del 70 por ciento lo que año con año aprueba la Cámara de Diputados para el rubro de Comunicación Social. No hay ninguna razón para justificar este sobre ejercicio de este gasto más que la discrecionalidad y el ejercicio del “la ley del garrote y la zanahoria” para aquellos medios que adopten la línea publicitaria oficial”.
Manifestó que lo más importante de la sentencia del ministro Arturo Zaldívar es que determinó que la omisión del Congreso de la Unión para expedir esta ley reglamentaria al gasto publicitario oficial viola la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información. Este derecho requiere de medios de comunicación libres, que transitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes.
Refirió que la ausencia de una ley reglamentaria en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión, afirmó el ministro Zaldívar apoyado por otros 3 para dar una votación de 4 a favor y sólo 1 en contra.
“Al otorgarle el amparo a la organización Artículo 19, la Suprema Corte de Justicia reconoce también la omisión legislativa estableciendo, por primera vez, un criterio que modifica esta trampa del inmovilismo político que se llama “reserva de ley”.
Finalmente, señaló que es el momento en que el Congreso y nosotros, sus integrantes, asumamos la importancia de respetar los plazos de la Constitución y, sobre todo, rompamos con el perverso mecanismo de los gobiernos federal y estatales para utilizar el presupuesto público y presionar a los medios de comunicación.
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