Por José Luis Camacho López
La proditoria ejecución, aún impune, mientras no se sepan las claras motivaciones, del periodista Manuel Buendía del 30 de mayo de 1984 fue el primer aviso del origen y crecimiento de un invisible fenómeno delictivo que por entonces, había empezado a traspasar las estructuras de la seguridad nacional del Estado mexicano.
Un poder, a la vista de hoy y a 42 años de ese ominoso crimen para un sistema judicial sin memoria, que ha llegado a dominar las partes más vulnerables de nuestro sistema político: los poderes de los municipios y alcanza ahora al de estados bajo distintas formas encubiertas o abiertas colocando a comunidades del país en condición de cautivos.
Bajo la sombra de la impunidad, las sospechas sobre la ejecución de Buendía a la luz del día, fundadas en las experiencias del poder del narcotráfico hasta nuestros días, se han dirigido a un asesinato ordenado por lo que era por entonces en los ochenta un creciente narcopoder.
Un oscuro poder que empieza a ser visibilizado en su mayor dimensión, a esos 42 años de los dos disparos al pulmón de Buendía para callarlo, al salir de sus oficinas la tarde de ese día de mayo en la avenida Insurgentes, en pleno de un vibrante corazón de la Ciudad de México.
Los últimos hallazgos de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía de la República de la “infiltración criminal” en al menos ocho municipios de los 36 del estado de Morelos, confirman la percepción y olfato periodístico que tenía Buendía de un fenómeno poderosamente delictivo vinculado a las policías y a la política.
Un fenómeno de un poder totalitario que ha logrado un rápido ascenso entre los ochenta y hasta la tercer década del siglo XXI al apoderarse, hasta donde lo poco que se sabe, en diferentes escalas, de dos de los tres poderes del Estado mexicano, ejemplificados hasta ahora en los estados de Jalisco, Estado de México, Sinaloa y Morelos.
La Fiscalía General de la República encontró hasta ahora que en ocho de los 36 municipios de Morelos, sus candidatos electos fueron financiados por grupos de la delincuencia organizada, dedicados a la extorsión e intimidación de la población de esos ayuntamientos.
La presidenta Claudia Shienbaum ha mencionado los casos de penetración del narcotráfico en municipios, el de Tequila y de Teuchitlán, en el estado de Jalisco, gobernados por MORENA y Movimiento Ciudadano, dos partidos que parecían impolutos e impenetrables al crimen organizado por su arrogancia de ser y hablar por el pueblo.
La CIA, particularmente, fue de los objetos de estudio y análisis periodístico de Buendía. Para 1984 la Ciudad de Guadalajara era la base de los agentes de esa agencia y de la DEA. El crimen de uno de sus agentes, Enrique Camarena, en febrero de 1985 atribuido a uno de los capos del narcotráfico, que según afirma Elaine Shannon, autora de Desperados, gozaba de la protección de los aparatos de la Federal de Seguridad y de la policía judicial de Jalisco, destapó la cloaca del narco poder.
El narco poder empezó a crecer en México sin freno. Eduardo Valle, “El Búho”, quien fuera asesor de Jorge Carpizo en la Procuraduría General de la Repúblico, hizo un largo recuento sobre la penetración del narco en las esferas policiacas estatales del norte del país, que denominó El segundo Disparo, La narcodemocracia mexicana. Da pistas sobre el Cartel del Golfo y su presunción del narcotráfico en el asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994.
Carlos Fuentes en Nuevo Tiempo Mexicano, escribió sobre “la cada vez más declarada alianza del narcotráfico con grupos de poder político, es la más grave y visible” al referirse a los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu en 1994. Un año de 1994, que mereció un reciente libro de Gustavo Hirales para recuperar la memoria de ese año de una crisis que abrió la sepultara del régimen del partido de Estado surgido en 1929.
Manuel Buendía, cuyo nacimiento cumple un centenario (1926-2026), era un periodista escrupuloso, empírico. Surgió de las propias venas del periodismo mexicano, desde reportero de una revista del Partido Acción Nacional, La Nación, a director de periódicos, La Prensa, Crucero; funcionario público en su paso por organismos descentralizados y del gobierno de la ciudad de México.
Buendía escribía sin adjetivos, su periodismo, también como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hacía honor a una de las funciones esenciales enseñadas en las aulas universitarias: el pensamiento crítico.
Un periodista enterado, se nutría de varias fuentes. No era un periodista que recibía línea o se sometía a intereses ajenos a su periodismo. No improvisaba al lanzar sus columnas, tanto que llegó a padecer de la censura cuando se refería a los negocios de los funcionarios públicos y gobernadores. Fueron los casos de los gobernadores de Sinaloa, Estado de México y del gobierno de la Ciudad de México.
La censura se le aplico en la cadena de los soles de México, El Universal y aun así no cejaba en su empeño de iluminar al periodismo mexicano con sus investigaciones fundadas en seguimientos de los temas que regularmente abordaba: los movimientos de la CIA, los enriquecimientos ilícitos con dineros públicos, las violentas ultraderechas, el terrorismo; los vínculos entre el poder público y el crimen organizado y la corrupción en Petróleos Mexicanos. El mismo ChatGPT resume el periodismo que ejercía Buendía.
Para Carlos Monsiváis, Tiempo de Saber, Buendía, reportero policial al principio, oficio que lleva a la política, estaba convencido del riesgosísimo periodismo que ejercía al desnudar a “los grupos secretos de la ultraderecha, la intolerancia clerical, los gobernantes corruptos e ineptos” que lo llevan a ser ejecutado por “una asesino de alquiler” por investigar al “narcotráfico”.
¿Quién sigue?, se escuchó en los funerales de Buendía ese fin de mayo de hace 42 años. Siguieron los asesinatos y desapariciones de periodistas en medios de provincia al penetrar las fibras de las relaciones entre los poderes y el narcotráfico. Esas mortalidades de periodistas en el país se convirtieron hasta ahora en un negro y perverso deporte. Uno de ellos, el del joven reportero de El Imparcial, Alfredo Jiménez Mota, desaparecido en 2005 al investigar los vínculos entre policías judiciales y los cárteles delictivos de Sonora.
Con el asesinato de Buendía, la CIA y la DEA, los organismos de la inteligencia estadunidenses, miraron más al fondo de los aparatos de justicia, policiacos y de la misma seguridad del Estado mexicano. Un año después del crimen del periodista más leído en México, descubrieron y apuntaron sus espionaje hacia los nexos entre los aparatos de seguridad federales y locales y las organizaciones del narcotráfico. Sobre todo cuando uno de sus agentes Enrique Kika Camarena, en febrero de 1985, fue asesinado, quien había penetrado una de esas sociedades del llamado crimen organizado.
Cuando Buendía escribía para atrás, así decía cuando descubría temas ruidosos y tabúes para sus columnas, días antes de su crimen, en Estados Unidos Jack Anderson, uno de los columnistas también más leídos lanzó la temeraria acusación contra el entonces presidente Miguel de la Madrid, de poseer “13 o 14 millones de dólares en Suiza”, con la presumible sospecha de ser fondos sucios. Su gobierno se quejó de ser una calumnia y falsedad. Era un golpe durísimo a un presidente que se jactaba de la “renovación moral” de su gobierno.
Esa calurosa tarde del 30 de mayo de 1984, las redacciones de los periódicos de la capital y del país, junto con los noticiarios de radio y la televisión se conmocionaron del crimen ocurrido en pleno corazón de la capital del país. Buendía era el columnista más leído de la prensa mexicana, sus entregas en El Día, El Sol de México, El Universal, Agencia Mexicana de Información (AMI) se convirtieron en puntos de referencia para estudiar y analizar el estado de la salud política del país y de sus entrañas carcomidas por la corrupción y ese fenómeno delictivo del narcotráfico que ahora tiene al país entre las patas del imperialismo de Trump.
