CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Permanente exhortó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para que apoyen y orienten jurídicamente a las y los trabajadores que, por exigir el pago de utilidades, hayan sido acosados, amenazados o en última instancia despedidos de su empleo.
En el dictamen, aprobado por la Asamblea el pasado 8 de agosto, también se hace un llamado a la Secretaría del Trabajo para que fortalezca las acciones de promoción sobre el reparto de utilidades, a efecto de que los trabajadores conozcan el proceso para determinarlas, la fecha límite para su pago, así como las vías de comunicación que existen para canalizar sus dudas o inquietudes y, en su caso, la atención de sus quejas o denuncias.
“La STPS debe garantizar la atención de las denuncias presentadas”, expresan las y los legisladores.
Mediante este dictamen, los integrantes de la Permanente buscan que la defensa de los derechos laborales de las personas sea una prioridad en la agenda pública, a fin de garantizar el cumplimiento de la ley en materia laboral.
“El trabajo digno debe, en todo momento, respetar la dignidad humana, sancionar cualquier tipo de discriminación, otorgar seguridad social, contar con un salario remunerador, garantizar condiciones óptimas de seguridad, así como el respeto irrestricto de los derechos colectivos de los trabajadores, entre los que destacan: libertad de asociación, autonomía y derecho de huelga”, precisaron.
Senadores y diputados advirtieron que en las redes sociales se han documentado un sinnúmero de denuncias ciudadanas, que dan cuenta de la omisión o tergiversación de esta obligación por parte de algunas empresas o empleadores.
“Las denuncias van desde negar las utilidades de la empresa, hasta pedir que las utilidades entregadas a los empleados sean devueltas en efectivo a los empleadores”.
Por ello, las y los legisladores coincidieron en la necesidad de que las autoridades en materia laboral emprendan medidas para orientar y apoyar a los trabajadores en la defensa de sus derechos laborales, y los capaciten para que cuenten con las herramientas necesarias en la exigencia de las disposiciones que la ley les otorga.
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