Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ
Investigadores de NordVPN, especializados en fraudes bancarios, recurrieron al mercado negro de tarjetas de crédito y débito, en donde están en venta 6 millones de plásticos robados, de los cuales 156,000 son de mexicanos. La página donde se hacen las transacciones es la “dark web”, en donde el precio por una tarjeta mexicana es de 117.04 pesos, con el plus de que vienen acompañadas de muchos datos privados del dueño, como el domicilio, el correo electrónico, el número de celular e incluso el número de la Seguridad Social.
Según Adrianus Warmenhoven, asesor de ciberseguridad de NordVPN, dichas tarjetas fueron robadas utilizando métodos sofisticados, como el phishing y el malware, y por el alto número de tarjetas de México, consideran que este país es el más afectado de Suramérica (Brasil ocupa el segundo lugar), y quinto en el mundo. Asimismo, los investigadores de NordVPN han calculado los riesgos que suponen el robo de tarjetas de crédito y los ciberataques relacionados para los residentes en 98 países. Malta, Australia y Nueva Zelanda ocuparon los primeros puestos del índice de riesgo, y México se situó en el puesto número 41. En el otro extremo del espectro, Rusia obtuvo la puntuación de riesgo más baja, y China se situó en el antepenúltimo lugar. Estos resultados parecen confirmar las hipótesis predominantes sobre la localización de las operaciones de pirateo informático a gran escala y el hecho de que los países angloeuropeos sean el objetivo intencionado.
Más de la mitad de los 6 millones de registros de tarjetas de crédito robadas que se analizaron, procedían de Estados Unidos, probablemente debido a sus elevados índices de popularidad de las tarjetas, su considerable población y su fuerte economía. Sin embargo, las tarjetas estadounidenses robadas tenían un precio relativamente bajo (119,33 pesos mexicanos frente a los 121,82 pesos mexicanos de media mundial) en los mercados de la dark web; las tarjetas más valoradas (con una media de 200,80 pesos mexicanos) procedían de Dinamarca.
Presentarán el libro “Derechos Humanos, una Visión Multidimensional”.
El Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal (INDEPAC) y la Editorial McGraw-Hill convocan a la presentación del último libro del Dr. Mario Ignacio Álvarez Ledesma, denominado “Derechos Humanos Una Visión Multidimensional. El autor es especialista en derechos humanos y se ha desempeñado como Sub Procurador de Derechos Humanos de la PGR y como Primer Visitador de la CNDH.
El libro será presentado por el ex procurador Ignacio Morales Lechuga, Notario Público 116 de la Ciudad de México; por el Maestro Ricardo A. Silva Díaz, Profesor de Derecho Constitucional y ex rector de la Escuela Libre de Derecho y por el Doctor Juan Luis González Alcántara-Carrancá, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La presentación de esta importante obra, única en su tipo por ayudar a entender y aplicar el concepto de derechos humanos, será hoy a las 17.00 horas, en la sede del INDEPAC, ubicado en la calle de California número 103, colonia Parque San Andrés, Coyoacán, código postal 04040.
Protesta Oceana por el embargo comercial de EU a pescados y mariscos mexicanos.
Integrantes de Oceana, organización dedicada a la protección de los océanos, viajaron a Washington D.C. para manifestar su rechazo al embargo comercial que ese país podría imponer a pescados y mariscos mexicanos por la falta de atención a la pesca ilegal que amenaza a la vaquita marina. El problema, dicen, es que castiga a pescadores que cumplen con las normas mientras que quienes pescan de manera ilegal mantienen sus actividades, señaló Renata Terrazas, Vicepresidenta de Oceana en México.
Al reunirse con autoridades estadounidenses, la organización alertó que cerrar los mercados norteamericanos no es la solución, pues se afectaría especialmente a quienes pescan de manera legal. Muchas comunidades costeras dependen en gran medida de colocar su producto pesquero en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.
En 2022, Estados Unidos importó 122 millones de kilogramos de productos pesqueros, con un valor de 800 millones de dólares, equivalente a más de 10 veces el presupuesto del programa Bienpesca de ese año. Una sanción comercial pondría en riesgo este ingreso para los pescadores y para las cuentas públicas de México
Lo que se debería hacer, señala la organización, es aprobar la norma oficial de trazabilidad de pescados y mariscos, la cual se encuentra detenida en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), autoridad responsable en materia pesquera. “Esta norma permitirá saber qué, cuándo y dónde se pesca para asegurar que el producto que se importa provenga de fuentes legales y se beneficie a pescadores legales”, señaló Mariana Aziz, directora de Transparencia de Oceana.
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