CIUDAD DE MÉXICO, 24 de enero (AlMomentoMX).- Los tres magistrados responsables del juicio contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no solo ratificaron por unanimidad su condena de cárcel por un delito de corrupción y lavado de dinero, sino que incluso aumentaron la pena de 9 a 12 años de prisión.
Lula da Silva llegó a ser uno de los políticos más populares del país. Era visto como un héroe por los pobres y la clase obrera de Brasil. Este año buscaba llegar a las elecciones presidenciales del próximo octubre, para las que era el candidato favorito; sin embargo, con la ratificación de la condena seria declarado inelegible.
Los miembros del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4) de Porto Alegre fueron unánimes y acabaron incluso endureciendo la sentencia emitida el pasado julio por el juez Sérgio Moro, cabeza visible de la mayor investigación por corrupción en el país y a quien Lula siempre ha atribuido intenciones políticas.
Este juicio ha sido considerado por diversos analistas como “histórico”, no sólo porque pone en jaque a una de las figuras más importantes de la política brasileña, sino por su relevancia a la hora de influir en las elecciones de octubre de 2018.
Los jueces argumentaron que Lula da Silva recibió un apartamento triplex en una playa del litoral de São Paulo como un soborno de la constuctora OAS para que los beneficiaria con contratos de la petrolera pública Petrobras. Además, rechazaron las alegaciones de la defensa de que ni Lula ni su familia llegaron nunca a ocupar la vivienda y que de hecho no existe ningún documento que pruebe que el expresidente es su propietario.
Los jueces señalaron que hay numerosas pruebas de que el inmueble estaba reservado para la familia de Lula y que incluso se realizaron obras de reforma en él para adaptarlo a las solicitudes de sus futuros ocupantes.
El tribunal, como antes había hecho Moro, dio también toda la credibilidad a la confesión premiada del expresidente de la constructora OAS, Leo Pinheiro, quien desveló el acuerdo para regalar el apartamento a Lula.
El magistrado João Pedro Gebran Neto consideró que existen “pruebas más allá de lo razonable de que el presidente fue uno de los principales artífices, sino el principal” del sistema de corrupción creado a través de los contratos de la Petrobras.
Otro de los jueces, Lenadro Paulsen, argumentó que Lula estaba perfectamente al tanto de los acuerdos para el pago de comisiones ilegales por parte de las contratistas de la petrolera.
Tanto los magistrados como la fiscalía insistieron en negar que el proceso tenga un carácter político, como vienen denunciando Lula y sus seguidores. “No juzgamos al hombre o al personaje, reconocido estadista, si no a quien cometió delito”, señaló Gebran Neto.
El cumplimiento de la condena sólo se llevará a cabo una vez que se agoten todos los recursos, por lo que el ex mandatario todavía no iría a la cárcel y podría seguir con su campaña electoral e inscribirse como candidato el próximo 15 de agosto. A partir de esa fecha el Tribunal Superior Electoral (TSE) será quien decida sobre su participación en los comicios.
En tanto, el Partido de los Trabajadores (PT) anunció que Lula sigue siendo su candidato y denunció que su condena es una maniobra “golpista” de los mismos sectores políticos, judiciales y mediáticos que el año pasado impulsaron la destitución de la presidenta, Dilma Rousseff.
El ex mandatario puede presentar un recurso para aplazar la ejecución de las penas ante el mismo tribunal que le ha condenado. Se trata de una solicitud de explicación de la sentencia y los tres magistrados ya han anunciado que, tras ese trámite, pedirán que la pena se ejecute de inmediato. Entonces, a Lula le quedaría la última bala, pedir el amparo del Tribunal Supremo.
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