lunes, mayo 20, 2024

Urge revertir la corrupción en el sector de la construcción: Daniela De los Santos

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de marzo (AlmomentoMX).- Al inaugurar el foro Nacional para el Fortalecimiento de las Mipymes de la Construcción, la secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Daniela De Los Santos Torres (PVEM), dijo que es urgente revertir la corrupción en este sector, por lo que es necesario sacar adelante las reformas a la Ley de Obras Públicas.

Ante representantes de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), la diputada mencionó que en el Senado de la República desde 2014, el PRD, PAN y PRI presentaron reformas a la Ley y “necesitamos que salgan adelante”.

Comentó que algunas de las propuestas planteadas tienen que ver con la transparencia en la licitación y asignación de obras, así como privilegiar a los constructores mexicanos frente a los extranjeros.

“Es importante privilegiar la obra por regiones, es relevante que los empresarios platiquen con sus legisladores a nivel local para que en esas leyes se privilegie a los contratistas de la región”, aseveró.

A fin de inhibir las prácticas desleales, agregó, se deben eliminar los contratos de adjudicación directa y por invitación, y establecer mecanismos de cooperación de coordinación entre la auditoría superior y el sistema nacional anticorrupción.

Las reformas propuestas a la citada Ley contemplan fomentar la participación ciudadana en los procesos de contratación a través de un Comité de Participación Ciudadana y del testigo social, figura que se plantea en esta reforma.

De los Santos Torres comentó que datos del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C (Imco) señalan que “entre el 20 y 30 por ciento de la inversión de cada obra se destina a actos de corrupción”, por lo que es “es algo que debemos atacar y poner sobre la mesa, no cerrarnos a la realidad”.

El coordinador parlamentario del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que para que el presupuesto público alcance se debe caminar en una dirección, es decir, autorizar las licitaciones públicas que sean posibles y sólo aquellas adjudicaciones de invitación directa como sean necesarias; planteó abrir el proceso al escrutinio público para que cada vez puedan participar más.

También que bajen los topes para que puedan participar en licitación nacional y competida con montos mucho menores. Comentó que uno de los factores que debe contar en las licitaciones es el criterio local.

Aseguró que “si en la licitación hay condiciones iguales o similares debe privilegiarse al local, porque es muy fácil que empresas grandes puedan competir y generen las mejores condiciones y subcontratar, y entonces los que ganan terminan siendo los de siempre”.

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (PRI) comentó que la reforma con la que se creó el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales obligó a expedir leyes secundarias que garantizan que el poder público se ejerza en una caja de cristal y así combatir la corrupción.

Afirmó que el país cuenta con leyes secundarias que obligan a que todo aquél que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, debe conducirse de forma responsable y rendir cuentas.

Noble Monterrubio consideró que con el establecimiento de un esquema de contrataciones abiertas, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se fortalece a las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que con esto se podrá identificar a los funcionarios que participen en contrataciones públicas.

Además, obliga a que los funcionarios que conozcan de la materia se conduzcan conforme a protocolos de actuación y reglas de contacto que garanticen integridad.

“Este logro legislativo derivó en que el pasado 5 de enero se publicara en el DOF el acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, que establece la obligación de incorporar a Compranet la información relativa a la planeación de las contrataciones y ejecución de contratos”.

Subrayó que la agenda legislativa y del gobierno de la República están en sintonía para erradicar cualquier hecho de corrupción; generar competitividad entre los participantes de procesos de contratación pública y concretar proyectos conforme a criterios de eficiencia, mérito y no relaciones.

Sin embargo, añadió, aún faltan dos piezas del Sistema Nacional Anticorrupción fundamentales: la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras Pública. Por eso, es relevante la realización de este foro, porque con las aportaciones de los representantes de las Mipymes se nutrirá la actividad legislativa para fortaler esquemas de contrataciones públicas que den certeza y eliminen espacios de arbitrariedad.

“La inversión privada en el sector público es fundamental para el desarrollo económico del país, la generación de infraestructura impacta directamente en la satisfacción de las necesidades ciudadanas, es un tema prioritario; por eso, hemos visto que este gobierno ha sancionado a 38 mil 317 servidores públicos. Queda clara la vocación de la Cámara de Diputados en consonancia con las acciones del gobierno de cero tolerancia a quien cometa una falta administrativa”, finalizó.

El diputado priista Carlos Sarabia Camacho afirmó que la Cámara de Diputados hará la tarea, “los diputados no vamos  a hacer algo que no vaya de acuerdo con los microempresarios, pues mi grupo parlamentario siempre ha luchado por las causas sociales”.

Aseguró que su estado, Oaxaca, necesita del respaldo de las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que por años ha estado abandonado; ahora toca a ustedes, añadió, aportar el conocimiento y buena voluntad para beneficio de la entidad.

“No es posible que en Oaxaca no tengamos una buena autopista, Oaxaca se merece una infraestructura donde los campesinos saquen sus productos y eso depende mucho de las Mipymes”, aseguró.

Francisco Javier Gallo Palmer, presidente Nacional de AMIC, pidió a los diputados modificar el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas para eliminar las modalidades de asignación directa e invitación restringida “ya que son éstas las que permiten la corrupción, facilitan a los empleados la posibilidad legal de beneficiar a sus incondicionales, dejando sin oportunidad a cientos de empresas”.

Solicitó también establecer, en la misma ley la obligatoriedad para las dependencias de conformar los comités ciudadanos de fallos. “Si ustedes modifican la ley, con esto estarán salvando al país de la corrupción más descarada del sistema gubernamental”.

“Si se eliminan las facultades de optar por las modalidades de obra por administración, asignación directa o invitación restringida, y establecen que la decisión de escoger las empresas, recaiga en un comité ciudadano, terminará la posibilidad que la ley da a los funcionarios de corromper la contratación de obra pública”, subrayó.

Pidió que también se modifique el artículo 27 Bis de la citada ley, para que los testigos sociales intervengan en los contratos, a partir de 10 mil salarios mínimos.

Con esto, es necesario modificar los requerimientos en la Secretaría de la Función Pública con el fin de incrementar el número de testigos sociales en cada estado de la República y se verifique que estén involucrados los colegios y las asociaciones civiles.

Otra ley que es urgente modificar es la Desarrollo Social,  para que se incluyan facultades de sancionar a funcionarios y empresarios que no cumplan con sus responsabilidades.

También la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Mipymes, que establece en su artículo 10 que los recursos federales destinados a la infraestructura pública deberán contratarse hasta por un 35 por ciento como mínimo a micros, pequeñas y medianas empresas, porque “en los hechos no se otorga esa participación a las Mipymes”.

Al hablar de la situación de las Mipymes, indicó que de las más de 33 mil empresas de la construcción en el país, 97.6 son microempresarios y concentran 76 por ciento de personal ocupado; seguidas de las empresas pequeñas con el 13.5 por ciento y las medianas con el 11 por ciento.

“Las Mipymes tienen una gran participación en la economía nacional y, sin embargo, solo tienen una tercera parte de la asignación de obra. Como meta deseable, es modificar el esquema de asignación discrecional de obra pública que se realiza en el gobierno federal, estatal y municipal, para que el porcentaje de asignación se incremente de 35 a 75 por ciento”, añadió.

Hoy, 70 por ciento de las Mipymes no tiene trabajo que permita sostener a las miles de familias que dependen de este sector; por eso, “pedimos la intervención de los diputados para que legislen en beneficio de las mayorías”.

Sin duda alguna, la inversión en infraestructura pública es el motor económico que mueve al país; sin embargo, no se ha ejercido el recurso de acuerdo a las necesidades sociales, finalizó.

AM.MX/fm

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