Roberto Vizcaíno
¿Y ahora qué hacemos?
Los resultados de la encuesta ordenada por el INE son contundentes dirá con justa razón Andrés Manuel López Obrador mañana en su conferencia de Palacio:
Y es que, como lo dieron a conocer ayer oportunamente los portales de El Universal y de Reforma esa encuesta del INE sobre la iniciativa de reforma electoral del mandatario obtiene el apoyo de una mayoría en todos los niveles e intenciones.
De entrada, dice el sondeo, la propuesta de AMLO con mayor respaldo es la reducción de recursos a partidos políticos, que tuvo un 93% de apoyo.
Y continúa:
Un 87% de los consultados les gustaría que se redujera el número de diputados (de 500 a 300) y de Senadores (de 128 a 93).
Un 74% dice estar de acuerdo en disminuir sustancialmente los presupuestos públicos que se dan al INE, en su mayoría destinados a ingresos de los consejeros, según la percepción de los encuestados.
Y en este punto destaca que un 78% de los encuestados sí quiere que los consejeros y magistrados sean elegidos por voto directo.
Un 53% respaldó la propuesta de desaparecer a los institutos y tribunales electorales locales.
Y un 52% sí apoyaría sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC.
Porcentajes todos que desde hoy no dejarán dormir a muchísimos nacionales y extranjeros que consideran simplemente un atentado a la democracia la iniciativa electoral de AMLO.
TODO CAMBIÓ: LORENZO CÓRDOVA
El primero en reconocer lo que realmente representa esta encuesta, es quien la encargó: el presidente del INE Lorenzo Córdova.
Recordó que, en septiembre anterior, cuando comunicación social del INE levantó otro sondeo la confianza en el INE era de 67%; mientras que en un sondeo reciente fue de 73%.
“Es algo normal que cambie la opinión pública cuando existe más información disponible”, concluyó.
Los resultados obtenidos y entregados por el INE a los medios ante las denuncias de los representantes de Morena, quienes se quejaron de que en el instituto se estaban ocultando las devastadoras conclusiones, formarán parte de los debates centrales en San Lázaro para la aprobación inmediata de la reforma.
De poco valdrán los sesudos artículos de editorialistas que se oponen a esa iniciativa de AMLO.
¡Vaya que fue inoportuna esta encuesta!
Ricardo Monreal informó ayer que está a punto de aprobarse el dictamen con el cual se sancionaría con 20 –no con 10- años a quienes recluten a niños y jóvenes para el crimen organizado.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, indicó que en la misma situación están los dictámenes sobre la llamada “Ley de Cunas Vacías” y los proyectos legislativos para que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de seguros y sobre trabajadores rurales.
El dictamen central considera que cuando el delito sea cometido por persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación de parentesco, sentimental, afectiva o de confianza la pena carcelaria aumentará.
O cuando el delito sea cometido por servidores públicos en ejercicio de sus funciones.
Cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes en condiciones de orfandad, violencia familiar, discapacidad, pobreza extrema, situación de calle, migración, que pertenezcan a una comunidad indígena o hayan sido previamente víctimas de algún delito tendrán castigo mayor.
Monreal dijo que en nuestro país se calcula que entre 30 mil y 35 mil menores han sido reclutados por el crimen organizado, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Esta misma organización, agregó, ha revelado que el reclutamiento por parte de grupos delictivos derivó en 2021 en el asesinato de, al menos, 700 niñas, niños y adolescentes.
Para ocupar a los menores, alertó, los grupos delictivos utilizan diferentes estrategias de reclutamiento, como amenazas, violencia física, enamoramiento de niñas y mujeres adolescentes, así como promesas de dinero o empleo por medio de engaños.
A pesar de estas cifras, dijo, en México aún no está tipificado el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, que constituye una de las formas más graves de violencia que se puedan cometer contra estos sectores, al afectar de manera directa sus derechos humanos.
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