TLAPA DE COMONFORT / SemMéxico.- Con disparos desde drones y por tierra fueron atacadas familias de Tula y de Xicotlán, sin que las autoridades respondieran a los llamados urgentes que hicieron las personas afectadas.
En una carta, una madre de Tula, municipio de Chilapa, en el estado de Guerrero, describe el miedo que provocó el ataque del pasado 9 de mayo, cuando personas identificadas con células criminales dispararon a sus viviendas con armas calibre 50.
“Saqué a mis gemelos como pude, ya habían destrozado mi puerta con tantos balazos. Con mucho miedo me escapé, agarré la vereda para refugiarme entre los árboles con mis hijitos. Las personas armadas entraron a Tula ayer y hoy están en Xicotlán. Algunos jóvenes grabaron las balaceras y la quema de algunas casas. También hay fotos de las calles de Acahuehuetla donde aparecen casquillos y lugares quemados por los drones que explotaron”.
También refiere que a pesar del llamado urgen al gobierno estatal, ninguna autoridad acudió para brindarles auxilio, “el subsecretario Francisco se encarga de desmentirnos. Le cree más a la delincuencia que nos agrede y se pone contra nosotras, descalificando todo lo que declaramos. Sobre estos hechos se atrevió a decir que las comunidades están en calma, que no son ciertas las balaceras que denunciamos”.
Aunque no se específica quien es el subsecretario Francisco, esta declaración podría haber sido emitida por el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). “Para el señor que está en Chilpancingo y que no ve lo que nos está pasando, se le hace muy fácil declarar que son mentiras lo que decimos. Cómo le vamos a creer si no está viviendo en el pueblo, si no tiene hijos que sufren y lloran por las balaceras que escuchan… nos quieren correr a todas las personas que no queremos trabajar con ellos”, dice la carta que habría sido escrita por una mujer.
En la carta, la mujer señala que el gobierno “parece estar de acuerdo con esta idea, porque nunca los investigan”, tampoco los culpan de los asesinatos y las desapariciones que han pasado en nuestras comunidades.
Refiere que antes los pueblos de la zona sufrían por el “abandono del gobierno, ahora que nos hemos organizado como comunidades para defender nuestros derechos, con el apoyo de la policía comunitaria, resulta que el mismo gobierno se encarga de destruirnos”.
Reclama que -las autoridades- han dejado que grupos delincuenciales sometan y atemoricen a la población, incluso hace dos semanas fue asesinado el comandante regional, Isaías Lucas, en la comunidad de Xicotlán, cuando estaba trabajando con otros tres compañeros en la construcción de una casa. Y pregunta ¿cómo es posible que gente armada haya entrado y salido del pueblo y que los militares no hayan ubicado a los asesinos?
Desde 2020 la violencia no ha parado, dice la carta, desde que asesinaron a 10 compañeros músicos de Alcozacán, y las autoridades ya no investigaron, lo peor es que aquí en la Montaña la justicia no existe para los indígenas.
En el relato señala que en 2015 se complicó el conflicto por las tierras y porque los de la delincuencia no querían que hubiera policía comunitaria en nuestros poblados, quisieron imponer su ley, así como lo han hecho con los pueblos de Quechultenango, de Hueycantenango y de algunas comunidades de Chilapa.
La resistencia de los pueblos ha sido posible gracias al apoyo del Consejo Indígena Popular “Emiliano Zapata” (CIPOG-EZ), sin embargo, el saldo ha sido sangriento, entre 2015 y 2026 han asesinado a 76 compañeros y compañeras, y hay 24 personas que están desaparecidas y pese a todo, la Fiscalía General de Justicia de Guerrero no ha investigado y acusan que después asesinaron a los familiares de quienes denunciaban ante el Ministerio Público.
Por otra parte, el CIPOG-EZ dio a conocer que el grupo criminal que perpetró el ataque el pasado sábado fue el denominado Los Ardillos los cuales iniciaron desde el día 6 de mayo en Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán.
AM.MX/fm
