Federico Berrueto
Nos debemos un estudio que determine la migración de adhesiones y rechazo a Andrés Manuel López Obrador. Por ahora sabemos que quienes le respaldan son un poco más de quienes le votaron. Son cifras en su conjunto y las encuestas que precisan los perfiles sociodemográficos indican cambios importantes: la fuerza de López Obrador para prevalecer y arrollar fue el voto del descontento: urbano, con presencia de las clases medias instruidas, los jóvenes y los mayores de edad. Ahora su respaldo es más “popular”, más rural y menos urbano. Los jóvenes no están con él, menos las clases medias y, conforme es mayor la educación, mayor el rechazo.
Muchos son los arrepentidos, la fe en el líder, en el cambio propuesto o esperado y en lo que haría en el gobierno se ha venido al suelo. En las zonas densamente pobladas el descontento le incluye; por eso en 2021 su partido y sus candidatos fueron derrotados. Que la mitad de la ciudad de México y una parte importante de la zona conurbada del poniente votara contra Morena indica que las simpatías han cambiado. Aunque el voto es igualitario la influencia no, por lo que sorprendió a muchos y podría repetirse en 2024.
Los arrepentidos están desencantados y más que eso se sienten defraudados, engañados. El abuso del poder, la retórica falsa a veces y otras francamente mentirosa ofende e indigna a este sector de la población. La polarización le ha resultado rentable para ganar la popularidad que registran las encuestas, no necesariamente para ganar elecciones. Sí hay una masa mayoritaria que simpatiza con él, pero no está dispuesta a votar por su partido o por quien resulte su candidato a candidata. Conforme mayor sea la concurrencia a las urnas, mayor será la incertidumbre y el desapego a lealtades partidarias o del clientelismo derivado de los programas sociales.
Por la polarización, el curso a la militarización no impactó socialmente. El presidente lo manejó con habilidad en términos de equiparar el voto legislativo contra a su propuesta a un rechazo de la seguridad por fuerzas federales y militares. Aunque el giro significa una traición para el proyecto de izquierda, no le significó costo alguno en términos de aprobación. La retórica de culpar al pasado y el cultivo frívolo de la falsa esperanza dan resultado en la medida que el discurso presidencial no es confrontado por una débil oposición y por el colaboracionismo de los factores de poder.
El futuro que ahora se avecina es diferente. El presidente ha resuelto destruir al sistema electoral y a sus instituciones. Allí la historia es otra. Se precisa subrayar que no sólo es una reforma electoral, también política y de Estado: por una parte, despojaría a las entidades de la federación de la corresponsabilidad electoral; por la otra, acabaría con la imparcialidad y el profesionalismo del INE y del Tribunal Electoral, además de plantear una modalidad de integración de las Cámaras claramente funcional a la primera minoría; de exclusión a la pluralidad en el senado y de marginal representación en la Cámara de Diputados. Se abre la posibilidad de que una fuerza política por sí misma pueda cambiar la Constitución, a contrapelo de lo que ha sido la transición democrática mexicana que parte de la corresponsabilidad y de la inclusión para ese tipo de cambios.
La reacción contra el presidente en su propósito de acabar con las instituciones de la democracia mexicana ha merecido un rechazo que crece día con día. Conforme quedan en claro los efectos y las consecuencias de prosperar la iniciativa presidencial, mayor es el repudio. Un golpe brutal a las instituciones que lograron cumplir con el objetivo de elecciones justas, creíbles y convincentes, además de las implicaciones para el sistema de representación y la afectación a la pluralidad.
Las trampas de la fe tienen su límite, como revelan los comicios de 2021. El deterioro económico, la persistente corrupción y la inseguridad pública ya están en el centro de la atención pública. El presidente ha encontrado la manera de blindarse por una sociedad poco avenida a los valores ciudadanos y por una élite con pretensiones de connivencia con el poder político, la misma historia del pasado que con tanta vehemencia se condena. Frente a la incertidumbre electoral que se avecina, la reforma propuesta tiene como propósito blindar al proyecto del voto ciudadano.
