José Antonio Aspiros Villagómez*
Para mi hermano Alfonso, quien nos visitó desde Texas para celebrar adelantado su cumpleaños
Una obra que será de consulta obligada por los estudiosos del medio periodístico por la abundante información y documentos que contiene, es el libro Mi vida son nuestras batallas, de Teodoro Rentería Arróyave, quien presenta este 29 de agosto la segunda edición actualizada del mismo en la Feria Universitaria del Libro que organiza cada año la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Rentería, quien pugnó desde 1994 ante los sucesivos secretarios de Educación Pública por la titulación por saberes adquiridos de los periodistas que cubrieran los créditos necesarios, lo cual logró en 2012 con 967 titulados, y preside el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo desde su creación hace cuatro años, ofrece en este volumen el panorama de una lucha de la que él ha sido actor destacado en favor de las libertades de prensa y expresión en México, vulneradas principalmente por los atentados contra informadores a causa de lo que publican.
Narra los orígenes, propósitos y algunos datos históricos de cuatro organizaciones gremiales, así como su protagonismo dentro de ellas y reproduce sus documentos fundacionales. Se trata del Club Primera Plana (CPP, 1959), Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex, 2002), Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap, 1976) y el mencionado Colegio (Conalipe, 2014), desde donde han sido denunciados los 295 asesinatos de “periodistas, locutores, trabajadores de prensa, familiares, amigos y civiles” ocurridos entre 1983 y 2018 (seis sexenios), así como 28 casos de desapariciones forzadas.
La obra no cita a quienes han pedido asilo en el extranjero debido a amenazas recibidas, ni detalla las abundantes agresiones cotidianas de colegas por parte de funcionarios, policías y actores de la información, pero las condena en términos generales y expone cómo las organizaciones gremiales ya citadas, han pugnado ante gobernantes y legisladores para que se proteja legalmente el trabajo de los informadores.
Y además esa denuncia de los homicidios, y la lucha porque sean debidamente atendidos los casos criminales y se haga justicia, es una de las batallas a que se refiere el título del libro, cuya primera edición sirvió al autor como tesis para ingresar en 2016 a la Academia Nacional de Historia y Geografía (ANHG) y tiene dedicatoria al presidente de esta, diputado Luis Maldonado Venegas, quien además firma el prólogo.
Un acierto de la obra es haber alcanzado a incluir el recién dado a conocer “protocolo homologado” que preparó la Fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, de la Procuraduría General de la República, y que el autor del libro considera “como resultado de las continuas denuncias y exigencias del gremio periodístico organizado de México ante el cúmulo de crímenes con las libertades de prensa y expresión” y de “las muy frecuentes reuniones con los diferentes fiscales” que han estado en el cargo.
Ese Protocolo “busca establecer políticas de actuación y procedimientos que garanticen que las investigaciones realizadas por las autoridades federales y locales se encuentren apegadas a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos para la investigación de los delitos contra la libertad de expresión” y servir “como guía que asegure una investigación exhaustiva de los hechos y la no revictimización de la persona que ha sufrido la conducta delictiva”.
Otras batallas han sido para la derogación de las llamadas “leyes mordaza” en algunas entidades y en el rango federal, al tiempo que se han reconocido las respuestas de otras como Morelos y Sinaloa para apoyar el ejercicio del periodismo y a sus trabajadores con respeto a las libertades primarias del ser humano.
Una de las luchas que menciona Rentería, es en contra de las leyes de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, por el exceso de informaciones que se reservan las autoridades para no hacerlas públicas durante determinados años (más de 12 millones de documentos durante el gobierno actual), a pesar de que -dice el autor- “toda información pública gubernamental es patrimonio de los pueblos, puesto que la misma se produce con los impuestos que paga”, por lo que “son en verdad leyes mordaza”, pues “legalizan la censura”. Rentería describe las veces que se ha opuesto a ellas en numerosos foros, y su reclamo en ellos para derogar las reservas de información oficial.
Un tema más que se aborda en el libro es el de la Agenda legislativa pendiente del periodista en México, presentada por las agrupaciones gremiales a los diputados federales para que legislen en torno a temas como la federalización de los delitos contra las libertades de prensa y expresión, el periodismo de alto riesgo y la necesidad de protocolos de protección de los reporteros, elevar a rango constitucional el secreto profesional, despenalización de los delitos de difamación y calumnia, promover una ley de equidad publicitaria gubernamental, impulsar otra para la protección social de los periodistas y lograr acuerdos con autoridades del ramo para la profesionalización de quienes ejercen esta actividad.
Por cierto, en el capítulo que trata el tema de la colegiación, Rentería reproduce un trabajo de este tecleador que abarca más de 140 años de lucha al respecto, desde que en 1872 se creó la primera colectividad gremial en México con el nombre de Asociación de Periodistas Escritores, hasta el surgimiento del Conalipe.
El libro abunda en datos sobre las añejas relaciones e intercambios que existen entre las agrupaciones de periodistas de China, México y América latina, y que se consolidaron con la participación de delegados en el Foro de la Franja y la Ruta celebrado en Pekín este año.
Hay bastantes más temas, datos, detalles y documentos relacionados con “nuestras batallas”, que harán del libro presentado en la Feria de la Universidad de Hidalgo un documento de consulta obligada por parte de gobernantes, legisladores, autoridades judiciales, periodistas, académicos, investigadores, estudiantes de la carrera, empresarios de medios y todo el público interesado en ejercer su derecho a la información.
*El autor es miembro de todas las organizaciones mencionadas.
