CADEREYTA.— En lo que representa uno de los golpes más contundentes al mercado ilícito de combustibles en el norte del país, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) coordinaron un operativo de cateo que derivó en el decomiso de más de un millón de litros de presunto hidrocarburo de procedencia ilegal (huachicol) en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.
El aseguramiento masivo se ejecutó tras la liberación de una orden de cateo por parte de un Juez de Control, lo que permitió el despliegue de las fuerzas federales en un predio acondicionado para el almacenamiento masivo de combustibles. A pesar de la magnitud de la infraestructura y el volumen de lo incautado, las corporaciones policíacas confirmaron que no se registraron personas detenidas durante la intervención.
De acuerdo con las primeras indagatorias ministeriales integradas en la carpeta de investigación de la FGR, las instalaciones –ubicadas sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez– eran utilizadas como un centro estratégico de acopio y distribución de carburantes robados, aprovechando la cercanía geográfica con las redes de ductos y complejos de refinación de la zona.
En el sitio, peritos y agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) procedieron al inventario y aseguramiento de contenedores industriales, vehículos pesados y tanques de almacenamiento que albergaban la sustancia. Las autoridades federales iniciaron el respectivo dictamen técnico y volumétrico para precisar las especificaciones del combustible y determinar su origen exacto dentro del sistema de distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El inmueble y el cargamento multimillonario quedaron bajo resguardo de la federación y a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), instancia que continuará con las pesquisas correspondientes por delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Este operativo se inscribe dentro de las acciones de blindaje implementadas por las fuerzas federales en Nuevo León para debilitar las estructuras financieras de los grupos dedicados al robo de combustible, un ilícito que afecta directamente las finanzas públicas y representa un riesgo permanente para las comunidades colindantes a las zonas de almacenamiento clandestino.
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AM.MX/dsc
