Miguel Tirado Rasso
La hora de la verdad. Finalmente se despejará la incógnita que ha mantenido expectante a una buena parte de la población, ni que decir de la clase política, sobre una obra que, sin demeritar su importancia por el monto de su inversión; su aportación al desarrollo turístico y económico nacional; por la imagen que una obra de estas características contribuye en la promoción del país; porque resuelve el problema de saturación del actual aeropuerto capitalino; porque está planeada para satisfacer las necesidades aeroportuarias de los próximos 50 años; porque constituirá un importante polo de desarrollo en su zona de influencia; por su importancia como generadora de miles de empleos; porque sería uno de los cuatro aeropuertos más grandes del mundo, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) ha resultado ser, también, el proyecto más cuestionado de la historia reciente del país.
La obra del sexenio de la feneciente administración presidencial, que se anunciara en septiembre de 2014, con bombo y platillos en la residencia oficial de Los Pinos, como el proyecto de infraestructura más grande de los últimos años en el país, se encuentra entre la espada y la pared. Con un futuro todavía incierto, a diferencia del de la casa oficial presidencial, a la que ya le dieron la extremaunción como tal, para incorporarla como extensión del Bosque de Chapultepec y convertirla en un centro cultural “de los más grandes del mundo”, se debate entre la vida y la muerte.
Y es que, a partir de hoy, su destino ha quedado en las manos del pueblo sabio, quien habrá de decidir, en una consulta popular, durante los siguientes tres días, si sobrevive al embate político y continua el proyecto o sucumbe ante la cuarta transformación y se desecha para ser sustituido por una opción que todavía está por madurar.
El proyecto del NAIM, se convirtió, desde la campaña electoral, en uno de los temas centrales de descalificación del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. La necesidad de una nueva terminal aérea para la capital del país se ha planteado desde hace ya varios lustros. No hay duda de que las actuales instalaciones del aeropuerto de la CDMX son ya insuficientes para atender la creciente demanda de pasajeros. En este sentido, parece existir un consenso entre todas las partes. Las diferencias surgen, fundamentalmente, en dos temas: la ubicación en Texcoco y el costo del proyecto.
En los últimos cuatro meses, la polémica entre la conveniencia o no de cancelar este proyecto se intensificó con el surgimiento de una gran cantidad de mesas de debate en medios electrónicos y foros ciudadanos y académicos, sin que hasta el momento ninguna de las partes, los que defienden el proyecto y los que piden su cancelación, cedieran un ápice.
Tratándose de un tema eminentemente técnico, si es viable o no la operación aeronáutica simultánea del aeropuerto de Santa Lucía y del actual aeropuerto de la capital, algo que todavía no queda claro, y que estos, más el aeropuerto de Toluca, serían la solución alternativa a la saturación del de la capital, opción que propone el futuro gobierno de cancelarse el NAIM, pues con la mejor voluntad, la opinión ciudadana no necesariamente será la que mejor convenga al país. No es el caso de preferencias ni de gustos, sino de algo que debe tomar en cuenta la opinión de expertos y especialistas, pues lo que está en juego es la seguridad de los pasajeros.
Aquí, el tema de fondo, la obra del aeropuerto, ha sido superado por la forma, cómo se decidirá, y quién, si continua o no, el proyecto. Y por esto, el debate se prolongó todos estos meses sin llegar a ninguna conclusión. Creo que las razones técnicas han tenido su impacto en el presidente electo y que, en virtud de esto, pero sin ceder en su estrategia, mandó juego libre a sus colaboradores que han tenido dificultades para fundamentar su opción y se enredaron con la señal.
De otra manera no se entiende la convocatoria a una consulta improvisada, con tantos puntos vulnerables; de la que se fue informando por goteo; en cuyo financiamiento se embarcó a los legisladores morenistas, sin previo aviso; que convoca, organiza, revisa y decide una de las partes interesadas, y para la que, el tiempo, se les vino encima.
Por todo lo visto, se podría suponer que Andrés Manuel López Obrador ha jugado con el tema a placer. Lo mantuvo como centro de debate a lo largo de todo este período de transición de poderes, dándose tiempo para realizar su gira de agradecimiento por toda la República, que es lo suyo. Al final, tiene ya la solución a esta controversia. O de plano el pueblo sabio decide optar por la continuación del proyecto de Texcoco, y él lo respeta. O si se van por la opción de Santa Lucía, ante la necesidad de una fuerte inversión de recursos públicos que esto significa y de los que carece, explica que los capitales privados están dispuestos a asumir el compromiso de Texcoco y que esto le permitirá a su gobierno no distraer recursos y destinar fondos para obras sociales. Y, así, todos contentos.
Espero no estar incurriendo en un exceso de optimismo.
