Miguel Tirado Rasso
En el discurso presidencial actual, la guerra contra el huachicoleo hizo a un lado al combate contra el narcotráfico, que hace doce años marcara la estrategia del gobierno del presidente Felipe Calderón, para acabar con la violencia y la inseguridad que azotaban al país.
Una lucha infructuosa, que sólo originó el incremento en el número de decesos por causas violentas, durante sus seis años de gobierno, y que, en ningún momento, dio muestra de efectividad para el propósito buscado. Al final de su administración, según datos del INEGI y del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), los llamados “muertos de Calderón” sumaron 120,935, homicidios dolosos.
Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, la estrategia de seguridad y combate a la violencia no varió mucho. Continuó con la militarización de la guerra contra las drogas iniciada por el régimen de Felipe Calderón, como táctica para combatir a los cárteles del narcotráfico y la captura de sus líderes. Una guerra fallida también, pues la violencia y la inseguridad no disminuyeron, y la cuenta de homicidios dolosos para el presidente Peña Nieto, durante su sexenio, según los datos de las instituciones mencionadas, fue de 125,000. Esto es, un poco más elevada aún que la del gobierno anterior.
En la Cuarta Transformación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mira con otra óptica el tema de la seguridad y el combate a la violencia. Para él, la pobreza, la marginación y la falta de servicios educativos y de salud, son factores que explican “el auge delictivo que enfrenta México”. Bajo esta premisa, la estrategia planteada en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, se enfoca, fundamentalmente, en atacar las causas que, considera, generan la inseguridad y violencia, entre las que destaca el combate a la corrupción, evitando acudir al uso de la fuerza.
En lo que va de la presente administración, poco o nada se ha sabido de la lucha contra los cárteles de la droga. En cambio, en las últimas semanas el tema de la guerra contra el robo de combustible, el huachicoleo, ocupó la atención nacional, al plantear esta lucha como fundamental en el combate a la corrupción, lo que, según se ha dicho, genera pérdidas por 65 mil millones de pesos, y aplicar ciertas medidas que provocaron desabasto de gasolina en algunos estados de la República.
Y precisamente, cuando la acción gubernamental llevó a cerrar los ductos de Pemex para evitar la ordeña del combustible y el Jefe del Ejecutivo dirigía un mensaje conciliador, recomendando convencer “a quienes por necesidad (apoyan) esos actos ilícitos… para que estas acciones corruptas que se (llevan) a cabo, se eliminen”, ocurrió la explosión de un ducto de gasolina en Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo.
Una tragedia que dejó decenas de muertos, heridos y desparecidos. Si bien, no se sabe cómo ni quién generó la fuga de combustible, el hecho es que durante cerca de cuatro horas el gasoducto estuvo expulsando gasolina, lo que provocó que un numeroso grupo de pobladores de la región acudiera a la zona con toda clase de recipientes para robarse el combustible, sin que las autoridades civiles y militares pudieran impedirlo.
Esa era, precisamente, parte de la muchedumbre a la que estaba dirigido el mensaje presidencial. Los del pueblo no tan bueno, que ignoraron la advertencia de las autoridades sobre los riesgos que corrían sus vidas por la fuga del combustible, para aprovechar hacerse de unos pesos con el saqueo que, finalmente, detonó, causando estragos entre los recolectores del carburante.
Muchos muertos y heridos, que pudieron evitarse si la autoridad se impone y aplica la ley. Porque el huachicoleo, aunque lo cometa el pueblo bueno, no deja de ser un delito, sancionado por las leyes y, esto debe quedar muy claro entre los pobladores que habitan en donde cruzan los poliductos.
Además, la autoridad está obligada a actuar para preservar el estado de derecho, para salvaguardar la vida y seguridad de las personas y para evitar saqueos, como el ocurrido, lo que no significa que tenga que agredir a la población, pero está claro que, en ocasiones, una mano dura, inteligente y razonable, puede evitar catástrofes como la de Tlahuelilpan, aunque se corra el riesgo de que se le critique por apagar el fuego con el fuego. Son los costos de ejercer el gobierno.
