Ciudad de México.- El Congreso local ha puesto la mira en una modalidad de estafa que crece bajo el amparo de la tecnología: el fraude por suplantación de identidad bancaria. Con el objetivo de blindar legalmente a la ciudadanía, se ha presentado una iniciativa que busca actualizar el marco jurídico vigente para castigar con severidad a quienes utilicen herramientas digitales e inteligencia artificial para vaciar las cuentas de los capitalinos. Esta propuesta legislativa surge como una respuesta urgente ante el incremento de ataques cibernéticos que, mediante engaños sofisticados, vulneran la seguridad financiera y la tranquilidad de los hogares en la metrópoli.
El Congreso analiza reformas para tipificar el fraude por suplantación bancaria
La iniciativa de reforma al Artículo 231 del Código Penal capitalino fue presentada por el diputado Andrés Sánchez Miranda, quien busca establecer sanciones específicas para quienes simulen ser representantes de instituciones financieras. El legislador argumentó que el actual instrumento legal se encuentra incompleto frente a la evolución de la delincuencia digital, permitiendo que muchas de estas conductas queden impunes por falta de una tipificación precisa. La propuesta se enfoca en sancionar el uso indebido de llamadas telefónicas, mensajes electrónicos y aplicaciones de mensajería diseñadas para obtener dinero de manera ilícita.
Durante su exposición en el pleno, el representante popular calificó estas estafas como una agresión que invade la privacidad de las familias sin necesidad de violencia física. En su intervención, recalcó el impacto emocional y económico de estas prácticas al señalar que “Me presento para hablar de una injusticia silenciosa. Una que no ocurre en las calles, cuando asaltan en las calles o denostan a alguien a través de la violencia física, sino a través de vulnerar la intimidad de un hogar, con algo tan sencillo como generar una llamada con inteligencia artificial”.
Los adultos mayores representan el grupo más vulnerable ante delitos cibernéticos
Un eje central de la reforma es la protección de las personas de la tercera edad, quienes a menudo carecen de las herramientas tecnológicas para identificar engaños digitales modernos. Según datos de la UNAM, la población de adultos mayores en la capital sigue creciendo, y para el año 2030, se estima que una de cada cinco personas en la zona conurbada tendrá 60 años o más. Sánchez Miranda destacó que este grupo es el blanco predilecto de los estafadores debido a su formación en una cultura basada en la confianza y el trato personal directo.
Al referirse a esta brecha generacional, el legislador enfatizó la necesidad de legislar con empatía hacia quienes no crecieron con internet o dispositivos inteligentes. “Por eso hablo en nombre de nuestros padres, de nuestros abuelos, nuestros vecinos, de nuestros viejitos, que son quienes no han tenido en su día a día la forma de tener un avance tecnológico que les permita enfrentar las nuevas formas de fraude y extorsión”, apuntó. La vulnerabilidad de este sector los expone a delitos como el phishing, estafas románticas, secuestro de cuentas y fraudes técnicos bajo el disfraz de soporte falso.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana reporta altos índices de extorsión digital
Las estadísticas oficiales respaldan la urgencia de endurecer las penas contra la delincuencia informática en la entidad. Los registros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han identificado que la extorsión cibernética es uno de los delitos más frecuentes, alcanzando hasta un 25 por ciento de los reportes en el ámbito digital. Esta tendencia demuestra que los métodos de suplantación de identidad están siendo utilizados de manera sistemática para defraudar a la población, aprovechando el prestigio de instituciones legítimas para engañar a los cuentahabientes.
El diputado recalcó que no se puede ignorar la frecuencia con la que los delincuentes suplantan a bancos u organismos gubernamentales para robar información valiosa o ahorros de toda una vida. Al respecto, afirmó que “La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha documentado cuáles son los delitos cibernéticos más frecuentes y son, precisamente, los que afectan a las y los adultos mayores. Por ejemplo, los ataques de extorsión cibernética con un 25 por ciento. El phising; es decir, la suplantación de instituciones legítimas, también tiene un porcentaje significativo”. La propuesta fue enviada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis.
AM.MX/CV
