Miguel Tirado Rasso
El lunes pasado, como lo prometió en una de sus conferencias de prensa mañaneras, el Presidente Andrés Manuel López Obrador colocó la primera piedra, acto simbólico de arranque de cualquier edificación que se considere trascendente, de la obra que transformará la Base Aérea Militar de Santa Lucía en el Nuevo Aeropuerto Internacional, General Felipe Ángeles. Y con este acto, se remacha la defunción del proyecto aeroportuario de su antecesor con aspiraciones de grandeza, el proyecto, por supuesto.
¿Qué fue lo que hizo que el Presidente López Obrador condenara esta obra a su desaparición, a pesar de lo avanzado del proyecto, con todo y los altos costos que implicaba su cancelación y los riesgos del impacto de un inevitable mensaje de incertidumbre a los mercados e inversionistas, nacionales y extranjeros, sin olvidar a las calificadoras internacionales, además de acabar con las expectativas que significaba para la economía y proyección del país, contar con uno de los tres aeropuertos más modernos del mundo y un estratégico Hub de la zona?
La pregunta surge porque, mientras para el Jefe del Ejecutivo el aeropuerto de Texcoco y el tema de la corrupción van de la mano, y de alguna manera lo ha señalado como la causa de la cancelación del proyecto, las inconsistencias con que se ha manejado este tema, por parte de los colaboradores del Presidente, confunden.
Por ejemplo, cuando el secretario de Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espriú compareció ante el Senado de la República, el 9 de abril pasado, a pregunta expresa, respondió que “no se tomó a pie, de ninguna manera, en consideración, a un hecho probable de corrupción o de mal uso de recursos,” que la cancelación del proyecto, dijo, sólo fue una decisión de carácter técnico, por la inviabilidad del excesivo costo económico y ambiental de la obra. Y agregaría que ese proyecto constituía un pozo sin fondo, un elefante blanco que hubiera endeudado al país. Contundente pues, no por corrupción sino por razones técnicas y económicas.
Pero al día siguiente, en su cotidiana mañanera, y como ya lo había dicho en otras ocasiones, su jefe, el Presidente de la República, desmentiría al secretario de Comunicaciones, reiterando que sí hubo corrupción en el NAIM. “Es corrupción, afirmaría, porque por intereses se decidió construir el aeropuerto de Texcoco en el peor sitio del Valle de México, en donde se producen más hundimientos. Donde no se garantizaba la calidad de la obra.” Era un negocio para unos cuantos, señalaría, lo que da a entender que, ante semejante corrupción, no había manera de salvarlo.
Unas semanas después, el secretario de Comunicaciones, volvería al tema y enumeraría una serie de razones técnicas para la cancelación del NAIM, pero ahora corregiría el rumbo para agregar, además, “irregularidades” financieras, como violaciones a la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, incremento en el costo del presupuesto del proyecto, modificaciones al cronograma y ocultamiento de información sobre contratos, demandas e irregularidades de la empresa Parsons, gerente del proyecto. Y cerraría con el anuncio de que se presentarán las denuncias correspondientes ante las omisiones del Grupo Aeroportuario, por irregularidades, daños al erario y corrupción.
Causas y razones, muchas, que resultaría difícil imaginar que hasta ahora, ocho o nueve meses después de que los equipos de transición tuvieron acceso a documentos e información sobre este proyecto, hubieran estado ocultas, porque hasta hace sólo unos días se hizo la enumeración de las irregularidades y se hicieron públicas.
Parecería que la intención es sumar argumentos para justificar una decisión muy polémica, quizás la más controvertida de este gobierno, y anular, con razones técnicas y financieras, que, por cierto, resultan afirmaciones que merecerían derecho de réplica para los responsables del proyecto, cualquier consideración de viabilidad del NAIM, en el imaginario de inversionistas privados. Porque, por lo que hace a las prácticas corruptas, con limpiar, sanear y sancionar a quiénes resultaran responsables, además de cumplir con el combate a la corrupción, el proyecto podría haberse continuado, con ahorros importantes y sin costos para el erario público. Pero, en fin.
