Diego Ortiz
“México pagará la construcción del muro fronterizo”, repitió durante su campaña electoral y durante sus primeros dos años como presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En México siempre se rechazó esta posibilidad, aún en el gobierno tan cuestionado de Enrique Peña Nieto. Ni la visita de Trump a México, ni los nexos del entonces canciller Luis Videgaray con el yerno y asesor del mandatario estadunidense, Jared Kushner, fueron suficientes para que México abriera la cartera o hiciera la mezcla para el cemento y los ladrillos para construir el muro fronterizo.
Sin embargo, son otros tiempos. Los de la Cuarta Transformación y los entonces críticos de las relaciones entre los gobiernos de Trump y Peña Nieto, ahora construyeron un muro fronterizo más poderoso y eficaz para contener a la migración centroamericana, conformado por miles de integrantes de la Guardia Nacional, soldados, marinos, policías federales y agentes del Instituto Nacional de Migración.
Ver para creer. Elementos de la Guardia Nacional correteando migrantes centroamericanos, niños y mujeres llorando junto al muro fronterizo de Estados Unidos. Subiéndolos a la fuerza a camionetas. No es del otro lado del Río Bravo, es México, es Ciudad Juárez, no es El Paso, Texas.
Pero no sólo es Ciudad Juárez. De forma real México ya se convirtió en el gran muro fronterizo que soñó Donald Trump. Son los 23 municipios fronterizos del sur de nuestro país, las centrales de autobuses y aeropuertos del todo el territorio nacional donde tiene presencia la Guardia Nacional. Se suman cientos de retenes militares en todos los estados, donde ser migrante es sinónimo de detención y deportación.
De dónde salen los recursos para pagar a los más de 6 mil 200 elementos de la Guardia Nacional en funciones de “Border Patrol” y de otros tantos de miles de militares, marinos y policías federales en las mismas labores. De nuestros impuestos, del erario mexicano. ¿Entonces quién pagó el muro?
Mientras eso ocurre de este lado del Río Bravo, en Arizona, grupos de defensores de derechos humanos viajan por el desierto para literalmente sembrar vida y evitar que migrantes mueran de sed.
Robin Reineke, antropóloga forense y parte de “Human Borders” expone que está labor de “traer agua al desierto es una forma de aprender sobre nuestra realidad política actual, sobre el cuidado, la solidaridad, y, desafortunadamente también del odio contra los migrantes”. Tal Cual
