Indicó que con la reforma se concreta el pase de la Guardia Nacional a la Sedena. Mientras que la de los pueblos indígenas es para garantizar el respecto a los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos de México.
Prevé la creación del Fondo Nacional de Atención a Víctimas con recursos provenientes del Presupuesto y también con otras fuentes de financiamiento público. Plantea cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos o servicios de peritos independientes.
Antes de la aprobación en el Senado de la reforma judicial, advirtieron sobre el “impacto negativo a largo plazo sobre las instituciones democráticas de México, la separación de poderes, la independencia y transparencia judicial y la seguridad, al tiempo que socava su sistema electoral, la Guardia Nacional y las agencias de supervisión”.