La propuesta subraya que el respeto de los derechos en la educación es esencial para garantizar un entorno de aprendizaje seguro, inclusivo y enriquecedor para todas y todos los estudiantes.
Desde el 2018 se ha registrado un importante aumento de agresiones y asesinatos en todo el país en contra de aspirantes a cargos de elección popular. El objetivo de esta ley es contar con un mecanismo de protección con un presupuesto específico y una Junta Directiva donde estén involucradas la SSPC, la Segob, la FGR y el INE.