Los informes oficiales no mostraron ningún registro sobre los organizadores y anfitriones de la fiesta, tampoco presentaron algún video o fotografía del evento. Incluso, no se revelaron datos de los asistentes, quienes se supone deberían ser investigados. Versiones extraoficiales señalan que en la fiesta participaron personas vinculadas al crimen organizado, lo que obstruiría que los demás asistentes testifiquen con total sinceridad y que se difundan imágenes de evento.
El 26 de marzo pasado, el PRD impugnó la realización del evento pues a su consideración se violarían diversos preceptos de la ley, sin embargo, no fue hasta el 10 de abril que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) admitió la queja e inició las indagatorias.