El dictamen aprobado prohíbe el desempeño de cargos en el servicio público y el registro de candidaturas a cargos de elección popular para quienes tengan condenas o sanciones firmes por delitos contra las mujeres en razón de género.
El dictamen incluye en la lista de delitos inhabilitantes aquellos cometidos intencionalmente contra la vida, la integridad corporal, la libertad y la seguridad sexuales, así como por violencia familiar o política.