Conceden suspensión definitiva contra la extinción de fideicomisos del Poder Judicial

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CIUDAD DE MÉXICO.— Una jueza federal frenó por tiempo indefinido la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que acumulan 15 mil 800 millones de pesos, recursos que presuntamente serían destinados a los damnificados del huracán Otis en Guerrero.

Elizabeth Trejo Galán, jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió una suspensión definitiva a la Asociación de Magistrados de Circuito y Juzgados de Distrito (Jufed), la cual impugnó el Decreto que ordenaba la eliminación de los fideicomisos. La medida cautelar, tiene efectos generales y prevalecerá hasta que se resuelva de fondo el amparo.

La resolución ordena que no se extingan ni se haga entrega de los fondos, recursos remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los 13 fideicomisos correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

⇒ La Jufed detalló que a los juzgadores y servidores públicos del Poder Judicial, la extinción de dichos fideicomisos afecta derechos adquiridos previstos en las Condiciones Generales de Trabajo.

Debido a que el decreto impacta a toda la estructura del Consejo de la Judicatura Federal, la juzgadora emitió el acuerdo con efectos generales, lo cual implica que los fondos de dichos fideicomisos seguirán aplicando para cumplir con su objeto y fines originalmente determinados en ellos, cuyo destino final se determinará en una vez que se emita sentencia.

El pasado 8 de noviembre, la juez Trejo Galán admitió a trámite el amparo 1754/2023 y concedió una suspensión. Hace unos días, los magistrados del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México solicitaron a la Suprema Corte ejercer su facultad de atracción.

Determinaron que el asunto debe ser estudiado por el Alto Tribunal, debido a la relevancia y trascendencia del caso. Lo anterior, porque la consecuencia del derecho reclamado “es la extinción de diversos fideicomisos que podría tener impacto o no en derechos adquiridos con motivo del desempeño de su encargo (de los juzgadores), aspecto que evidencia el posible riesgo en la pérdida de imparcialidad”. 

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Redacción/dsc
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