CIUDAD DE MÉXICO, 3 de mayo (AlmomentoMX).- El pasado 28 de abril del presente año, se resolvió que Arturo Zarate Vite, ex Coordinador de Comunicación de Comisión Nacional de los Derechos Humanos es culpable de los delitos de hostigamiento y abuso sexual cometidos en contra de dos ex trabajadoras de dicha institución.
La condena impuesta por hostigamiento sexual es de dos días de multa y por abuso sexual es de nueve años de prisión. Así mismo la sentencia condena al agresor por el concepto de la reparación del daño y se “ordena la amonestación del sentenciado para prevenir su reincidencia”.
El veredicto llega tras que las victimas interpusieran un amparo directo (11/2017) en contra de la sentencia emitida en octubre de 2016 por el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la ciudad de México, Ricardo Garduño Paten, quien determinó que el acusado era inocente.
En el amparo, se determina que en la sentencia emitida por Ricardo Garduño Pasten “se usaron especulaciones y criterios puramente subjetivos pese a que se acredito fehacientemente la conducta penalmente reprochada”.
Agrega que “no se tomaron en cuenta los artículos relativos a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convesión de Belem do Pará”, no obstante que se aprecia que en todo momento existió violencia psicológica y/o sexual contra las quejosas”.
El proceso inició cinco años atrás, cuando tres mujeres que trabajaban en el área de comunicación de la CNDH, denunciaron ante el entonces primer visitador Luis García López Guerrero que eran víctimas de hostigamiento y abuso sexual por parte de Arturo Zárate.
Luego de ver las pruebas, entre las que destacan cartas de puño y letra, mensajes de texto, correos institucionales y audios, Luis García las enfrentó con el agresor y a pesar de que éste aceptó su culpabilidad, el primer visitador descalificó sus testimonios.
Las víctimas señalan que buscaron apoyo del Órgano interno de Control (OIC) con la única intención de dejar de ser acosadas y poder hacer su trabajo; la respuesta de dicho órgano fue preguntar “cómo solíamos ir vestidas a la oficina”, por lo que tuvieron que renunciar.
En septiembre del 2012, mismo año en el que fue denunciada la agresión, a más de ocho meses que las ex trabajadoras presentaran la acusación ante el OIC encabezado en ese entonces por Franco Fabbri, el que concluyó que el funcionario era culpable y lo inhabilito por seis meses.
También en el 2012, dos de las víctimas acudieron a la Procuraduría General de la República para interponer una denuncia penal, en este caso, la tercera fungió como testigo.
En marzo de 2015, se emitió la primera sentencia en contra del acusado por el Juez Primero de Distrito de Proceso Penales Federales en el Distrito Federal, Eduardo Torres Carrillo, quién lo encontró culpable de los delitos de abuso, hostigamiento sexual y lo sentenció a nueve años y nueve meses de cárcel y al pago de quince días de multa.
El pasado 28 de abril del 2017, la Magistrada del Quinto Tribunal Unitario en Materia penal del Primer Circuito, Antonia Herlinda Velasco Villavicencio , emitió una sentencia en la que estable la culpabilidad de Zarate Vite.
La sentencia llega después de un largo proceso, por lo que las tres mujeres se dicen congratuladas por el “trabajo del tribunal unitario y de la magistrada defensa de los derechos de las mujeres al aplicar los criterios de la SCJN y leyes, que han sido producto de la lucha de otras mujeres que como nosotras, creyeron que sí es posible acceder a la justicia”, concluyó una de las víctimas.
Las mujeres y la justicia
Este caso y otros, como el de Daphne Fernández ponen bajo la lupa el trabajo del poder judicial y la importancia de poder conocer las sentencias de impartición de justicia, ya que se han replicado sentencias donde los estereotipos y prejuicios afectan a las mujeres.
En la administración pública federal, se registran cerca de 25 mil casos cada año de abuso o de hostigamiento sexual según datos de la Secretaría de la Función Pública, pero únicamente 40 por ciento llegan a materializarse en denuncia.
Una de las víctimas que denunció al funcionario relata que en cierta medida, todo esto se debe a la normalización de la violencia contra la mujer, ya que nadie parece ofenderse si el jefe o algún compañero de trabajo acosa a alguna mujer, señala que no existe una cultura para evitar este tipo de delitos.
“Nosotras llevamos cinco años, pero es muy difícil para cualquier persona enfrentar un proceso tan largo que significa seguimiento, gastos, visitas, y claro que además enfrentamos el miedo a ser estigmatizadas, a no encontrar trabajo o incluso a recibir represalias” explica la ex trabajadora de la CNDH.
De acuerdo con el Diagnóstico de Verificación de la Obligación de Trasparentar Sentencias Judiciales elaborado por Equis Justicia para las Mujeres 2015, ningún poder Judicial local cumple totalmente la obligación de publicar sus sentencias: solo 17 de los 91 tribunales obligados a publicar sentencias judiciales lo hacen.
A esto habrá que sumar que el 14 de las 24 personas entrevistadas manifestaron no conocer a quién toca impartir justicia en México, situación que se agrava al conocer que de las 16 mujeres entrevistadas, 11 manifestaron no tener confianza en el órgano judicial.
AM.MX/kcc
