Por: José Cruz Delgado
La sociedad moreliana no debe ser tomada como ‘rehén’ de intereses de cualquier tipo ante desacuerdos.
Presenta diputado proyecto de reforma al código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán.
Murió un menor de 12 años porque los manifestantes impidieron a la ambulancia el paso al hospital.
Algunos legisladores como Mario Armando Mendoza Guzmán, señalaron que hubo excesos por parte de la policía durante los hechos ocurridos en la manifestación de los sindicatos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNTE), los cuales no se pueden justificar bajo ninguna circunstancia.
“Hubo excesos de las dos partes y -¿basta con una disculpa?-, esa disculpa debería venir con me excedí y aquí está mi renuncia, los videos son claros se ven funcionarios dando instrucciones precisas de cómo actuar con ilegalidad, si esto no es suficiente y si eso no es claro de qué estamos hablando”, recriminó el diputado local.
Evidenció el uso excesivo de la fuerza pública por parte de los integrantes de las fuerzas del orden y subrayó que los hechos son muy claros, hubo excesos de las dos partes, por lo tanto debe hacerse una investigación y sancionarse a los responsables.
Cuestionó dónde están los derechos de los ciudadanos que quedaron prácticamente sitiados, así como de quienes querían transitar simplemente y fueron golpeados, levantados, sin que tuvieran ninguna participación.
Expuso que persisten problemáticas sin resolver por la actual administración estatal, tales como la beca futuro en donde existen rezagos y los jóvenes anunciaron una protesta, “vamos a ver si esta misma reacción de los cuerpos de seguridad, es con los jóvenes y si se sigue culpando a otras administraciones de estas fallas”, refirió, al pedir hablar claro y asumir la responsabilidad institucional que se tiene frente a todos a quienes el estado les adeuda.
No hay que buscarle mangas al chaleco, todo mundo sabe quiénes son los responsables y hay que sancionarlos o en su caso destituirlos y que el gobernador deje de lado el amiguismo.
Sobre el mismo tema, el diputado Roberto Carlos López García dijo que aunque las luchas por los derechos sindicales pueden estar justificadas, la sociedad moreliana no debe ser tomada como ‘rehén’ de intereses de cualquier tipo, ante desacuerdos con cualquiera de los tres niveles de gobierno, ello tras los bloqueos a vialidades y salidas que se registraron el pasado martes en la capital del estado.
Lamentó profundamente que buena parte de las actividades cotidianas de miles de habitantes de Morelia se haya visto notablemente afectada, por los desacuerdos prevalecientes entre los distintos sindicatos gubernamentales con su contraparte patronal.
Consideró que ambas partes deben agotar el diálogo luego de las declaraciones emitidas por el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, quien manifestó por vías institucionales, que no se tolerarán medidas fuera de la ley que atentan contra la ciudadanía y el desarrollo de Michoacán.
López García llamó a las instancias competentes y a sus titulares a convocar y agotar el diálogo, siendo transparentes no sólo con los gremios y sectores adeudados, sino con la sociedad michoacana en general.
Al mismo tiempo, Roberto Carlos exhortó a los gremios sindicales a no afectar en su lucha los derechos de terceros, convocando a atender los canales de diálogo que ofrecen las instancias conducentes, ello en pro de no trastocar la actividad económica, familiar y estudiantil que se desarrolla ya de por sí con complicaciones suficientes en la capital del estado.
Y bueno por otra parte, el sistema jurídico mexicano sufrió una modificación paradigmática posterior a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, donde se establece la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias a proteger y garantizar los derechos humanos.
Todos los derechos humanos de alguna u otra manera están íntimamente relacionados entre sí, de allí su calidad de interdependencia e indivisibilidad establecida en la propia constitución y tratados internacionales de la materia.
En el caso del derecho humano a la justicia y del principio de igualdad y no discriminación, ambos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico supremo, se encuentran íntimamente ligados en razón de que todos las personas que se encuentran en territorio nacional tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, la impartición de justicia será gratuita, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales, ésta debe ser impartida sin distingo alguno o cualquier forma de discriminación a las personas que acudan a los tribunales.
En esta misma tesitura concordante con la reforma constitucional de derechos humanos, para reforzar este derecho humano a la justicia, la suprema corte de justicia de la nación, modificó su criterio sobre la exclusividad del control constitucional por parte de los tribunales federales, haciendo una interpretación sistemática y funcional a partir de ese momento del artículo 133 constitucional, reconociendo que los jueces de cada entidad federativa pueden in aplicar un precepto normativo a nivel local que contravenga a la propia constitución, leyes y tratados internacionales.
Y aunque existe esta posibilidad de inaplicar un artículo de un ordenamiento ordinario o apartarse de lo que expresamente le mandata su régimen local de actuación, en aras de una protección de los derechos de los justiciables, ello no es lo ideal, ya que la estricta impartición de justicia queda supeditada, en algunos casos, a la consideración del juez, ello en detrimento de la cereza jurídica que debe prevalecer a los gobernados, en este sentido es aplicable la tesis intitulada “requisitos procesales bajo la óptica constitucional de los derechos humanos.”
Es por ello que en cumplimiento al mandato constitucional de protección a los derechos humano de justicia e igualdad, el diputado Raymundo Arreola Ortega presentó un proyecto de reforma al código de procedimientos civiles para el estado de Michoacán, ya que de la actual redacción de los artículos que prevén la facultad de revisión previa a la admisión de la demanda y contestación de ésta, se advierte un trato, desde la ley, inequitativo y sin justificación razonable alguna, entre el actor y el demandado, ello en la tesitura de que el código adjetivo de la materia, establece la obligación del juez a prevenir al actor que aclare, corrija o complete su demanda en cuanto a sus requisitos o documentos que se deban anexar, señalado expresamente los defectos de que adolece, tratamiento que no se le da al demandado al momento de contestar la demanda en la cual puede reconvenir, de allí el trato discriminatorio en perjuicio del demandado, al hacer un tratamiento diferenciado con base en la ley a dos circunstancias que participan de la misma naturaleza, ya que tanto la demanda como la contestación y en su momento reconvención, tiene la misma finalidad, que es entablar la litis, y el propio código prevé que debe de cumplir con los mismo requisitos que la demanda, sin embargo no se le da el mismo trato, ya que al actor si se le previene y al demandado no.
Por lo tanto, señala Arreola Ortega, en aras de establecer desde la ley una equidad procesal previo al establecimiento de la litis, propuso al Congreso Local reformar el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán para establecer la obligación del juez de prevenir tanto al actor como al demandado cuando la demanda, contestación y en su caso reconvención, para que la aclare, corrija o complete señalando en concreto sus defectos.
Lamentablemente, los bloqueos cobraron la vida de un menor de 12 años de edad que era llevado en ambulancia a un hospital para su atención médica por la picadura de un alacrán, pues quince minutos hubieran sido suficientes para salvarle la vida pero los manifestantes les impidieron el paso.
