CIUDAD DE MÉXICO.- Senadoras y senadores de Movimiento Ciudadano, del Verde Ecologista y de Morena, promueven reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de evitar abusos y regular el trabajo que realizan las personas reclusas, a través del derecho a la administración de su salario, a la capacitación, y con énfasis en la población más vulnerable de esos centros.
La iniciativa con proyecto de decreto, tiene el objetivo de otorgarle a quienes están privados de la libertad, oportunidades de trabajo en condiciones similares a las que existen en el exterior de la prisión, dadas las necesidades que se viven dentro de los centros penitenciarios.
De esta forma, las legisladoras y legisladores, Indira Kempis de Movimiento Ciudadano; Verónica Camino e Israel Zamora del Verde Ecologista; así como Nestora Salgado y Ricardo Monreal, de Morena, exponen que las diversas modalidades de trabajo en prisión, no han sido suficientes para garantizar el respeto de los derechos de las personas.
Por eso, con la propuesta se busca coadyuvar a la reinserción a la sociedad o aprender un nuevo oficio que le ayude a esa población a encarar los retos de la vida en libertad.
Además, de que las personas internas puedan sobrevivir en un entorno que no les proporciona los recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas; así como abusos de poder que comúnmente se les impone, y en caso de no cumplirlos, se llega incluso a transgredir su integridad personal.
La propuesta determina que deberá permitirse el derecho a contar con una cuenta para la administración de las ganancias o salarios con motivo del trabajo, y a solicitud de la persona privada de la libertad, un porcentaje de las remuneraciones podrá destinarse a un fondo de ahorro que le será restituido, una vez que obtenga su libertad, o de manera anticipada si ésta así lo decide.
De la misma forma, se procurará la participación de aquellas personas físicas o jurídicas que impartan talleres o actividades que permitan a las personas privadas de la libertad desarrollar conocimientos, habilidades, valores y actitudes que les faciliten el acceso a un empleo en libertad.
También se buscará establecer convenios de colaboración con empresas, escuelas de artes y oficios, organizaciones no gubernamentales u organismos de naturaleza similar, que permitan proveer una certificación oficial de las capacitaciones que imparta cada empleador, y se facilitará su reinserción o reincorporación al mercado laboral, una vez concluido el proceso de internamiento.
Se indica en la iniciativa que la autoridad penitenciaria deberá implementar medidas especiales para garantizar el acceso a la capacitación para el trabajo en condiciones de igualdad de las personas que, en los centros de reclusión, se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, como son las mujeres, las personas con discapacidad o aquellas mujeres que viven con sus hijas o hijos en prisión.
Asimismo, se deberá procurar que en los centros penitenciarios, hombres y mujeres tengan la posibilidad de participar en las mismas actividades laborales, a fin de evitar que se reproduzcan los estereotipos de género.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.
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