CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno del Senado de la República aprobó, con 118 votos, un dictamen que tiene el objetivo de garantizar el acceso a un Internet seguro y libre de violencia, a fin de proteger los derechos fundamentales de los menores.
Para tal efecto, el proyecto busca reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de establecer que el Estado promoverá políticas de prevención, protección, atención y sanción del ciberacoso y de todas las formas de violencia que causen daño a la intimidad de este sector de la población, así como de cualquier otra forma que provoque daño a su privacidad, seguridad y dignidad, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación.
El dictamen, que se remitió al Ejecutivo Federal, precisa que con el uso de nuevas tecnologías e internet, como parte fundamental de la vida de la población, resulta indispensable proteger a la niñez y la adolescencia de agresiones y cualquier tipo de violencia que pudiese dañar sus derechos.
De acuerdo con el Balance Anual 2023 de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), 2.9 millones de menores entre 12 y 17 años han sido víctimas de ciberacoso, lo que representa 22.6 por ciento de los usuarios de internet en ese rango de edad.
Por ello, es fundamental que el Estado mexicano cuente con un marco normativo adecuado, que les permita implementar las políticas que garanticen el acceso y uso seguro de los menores a internet.
El presidente de la Comisión de Derechos Digitales, Luis Donaldo Colosio Riojas, destacó que junto con los beneficios y oportunidades que brinda el Internet, surgen riesgos como el ciber acoso y otras formas de violencia digital que vulneran derechos como la privacidad, la seguridad y la dignidad.
Por ello, el dictamen responde a una necesidad urgente de reforzar el marco legal, para prevenir, atender y sancionar estas problemáticas, sobre todo porque en México más de 81 por ciento de la población de seis años o más utiliza el internet, con una participación destacada de los adolescentes de entre 12 y 17 años, quienes representan 92.4 por ciento de los usuarios menores de edad.
Por Morena, Alejandra Berenice Arias Trevilla expresó que el avance de las tecnologías ha impulsado grandes oportunidades para el desarrollo de los menores, pero también trae consigo riesgos que pueden comprometer su seguridad y que deben atenderse con urgencia, por lo que “es nuestra responsabilidad establecer las condiciones necesarias para que las infancias puedan navegar por Internet de manera segura”.
En su oportunidad, de Acción Nacional, Laura Esquivel Torres afirmó que las redes se han vuelto un espacio en el que la violencia ha encontrado cabida, “y el Senado ya no puede postergar la atención a este tema, sobre todo ante las historias de jóvenes acosados al límite y mujeres expuestas sin su consentimiento”.
Paloma Sánchez Ramos, del PRI, señaló que a pesar de que el uso de redes sociales por parte de niñas y niños se ha incrementado 30 por ciento en los últimos años, todavía no existe el derecho a que sean protegidos y tengan un acceso seguro a internet, “pero hoy estamos dando pasos para que eso cambie”, porque este dictamen garantiza que en las escuelas las y los niños cuenten con la educación necesaria para entender los riesgos de la violencia digital y el ciberacoso.
Del PVEM, Gilberto Hernández Villafuerte dijo que el proyecto busca actualizar el andamiaje jurídico para que el Estado garantice el acceso y uso del internet, a través de políticas orientadas a la prevención, protección, atención y sanción de todas las formas de violencia que causen daño a este sector de la población.
En tanto, por el PT, Lizeth Sánchez García resaltó que este proyecto permite garantizar que los menores tengan acceso a las tecnologías y al mismo tiempo se protejan sus derechos a la educación, salud, privacidad, protección de datos personales y libertad de expresión.
La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de MC, advirtió que la violencia en internet se caracteriza por acoso sexual infantil, avergonzar en público y espiar, entre otras conductas, por lo que consideró que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que los menores accedan a las tecnologías de la información y comunicación, pero sin que sean víctimas de violencia.
AM.MX/fm
