CIUDAD DE MÉXICO, 1 de diciembre (AlmomentoMX).- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior, y lo envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
En lo particular, los artículos reservados del uno al 34, así como los Transitorios: Primero, Segundo, Tercero y Cuarto, recibieron una votación de 215 votos a favor, 101 en contra y 4 abstenciones, en términos del dictamen.
Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Cámara de Diputados, precisó que el dictamen se discutió en un lapso de cinco horas con dos minutos e intervinieron 64 oradores.
El objetivo de la nueva ley es regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en la materia.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior, cuya finalidad es regular la función del Estado para preservarla, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, con el fin de aplicarla.
Para la discusión en lo particular, se reservaron de los numerales uno al 34, así como los Artículos Transitorios Segundo, Tercero y Cuarto. El PAN reservó 4; PRD, 52; Morena, 34; MC, 10 y el PES, uno, para hacer un total de 101 reservas que serían presentadas por 44 oradores (4 del PAN; 22 del PRD; 11 de Morena; 6 de MC y uno del PES).
En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Gobernación, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), señaló que hoy se regula la participación de las Fuerzas Federales y las Armadas en las tareas de defensa y preservación de la seguridad y la paz al interior del territorio nacional.
Representa, dijo, una respuesta idónea a los nuevos y complejos escenarios de inseguridad por los que atraviesa la nación, que ponen en riesgo a las personas y a las instituciones que conforman el Estado.
Este nuevo ordenamiento es complementario a la Ley de Seguridad Nacional, ya que regula los supuestos en los que las amenazas a la seguridad nacional tienen su origen dentro del país, “mediante el establecimiento de protocolos claros y expeditos”.
“Ese es el motivo de fondo para legislar la seguridad interior en un instrumento distinto a la Ley de Seguridad Nacional, ya que no solo se trata de erradicar las amenazas, sino de hacerlo respetando los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución. La aplicación de esta ley corresponde a las fuerzas estatales, federales y, cuando la gravedad de la situación lo amerite y como último recurso del Estado, a las Armadas”, añadió.
Guillén Vicente expuso que toda intervención de Fuerzas Federales y Armadas estará sujeta a una temporalidad específica que no excederá un año, y únicamente podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del Presidente de la República si subsisten las amenazas a la seguridad interior que la motivaron y se justifique la continuidad de las acciones de seguridad interior.
Esta situación, explicó, deberá notificarse a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional de este Congreso y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas en las que se realicen estas acciones.
Añadió que elegir un mecanismo distinto en las circunstancias actuales sería negar la realidad de México y la urgencia de dotar a la población de seguridad, así como suspender los derechos humanos y las garantías establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte, para entrar en un Estado de excepción.
“Sería militarizar al país mediante la aplicación del artículo 29 constitucional, lo que esta ley no hace de manera alguna. Esta ley no militariza al país, ya que no limita ni mucho menos tolera la violación de los derechos humanos y sus garantías. Por el contrario, las autoridades que colaboren en el mantenimiento de la paz y el orden público al interior deberán, en todo momento y sin excepción, respetar de manera irrestricta los derechos humanos”, aclaró.
La diputada Mercedes del Carmen Guillén puntualizó que toda vez que es obligación del Estado mexicano en su conjunto proporcionar seguridad a la población y salvaguardar la permanencia de sus instituciones, esta ley señala que la actuación de las autoridades se realizará en un marco de corresponsabilidad.
Indicó que el incumplimiento a las obligaciones de esta ley será sancionado conforme a los sistemas de responsabilidades y anticorrupción, contemplados en los artículos 109 y 113 de la Constitución Política, para garantizar el equilibrio entre Poderes y la rendición de cuentas.
Al iniciar los posicionamientos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (PES) calificó como incongruente felicitar a los militares, agradecer su trabajo, y al mismo tiempo, “no querer darles la certeza jurídica para una actuación que hoy mismo se está llevando a cabo, que no tiene ninguna intención de militarización. La seguridad interior, afirmó, es una especie de la (seguridad) nacional, es un asunto que exige de quienes la integran una visión de Estado”.
Relató que si el objetivo de la ley es dar certidumbre, se deben analizar conceptos y criterios como, por ejemplo, el tema de las manifestaciones sociales y políticas. “Creo que ese es un punto en el que tenemos que trabajar hoy en este lugar, para generar una legislación acorde a lo que los ciudadanos nos exigen. Si vamos a legislar tomemos la responsabilidad y hagamos este contrapeso que necesita México”.
De NA, la legisladora Mirna Isabel Saldívar Paz expuso que la Ley de Seguridad Interior no puede postergarse más, pues México atraviesa por una crisis de seguridad sumamente compleja, que pone en entredicho tanto la vida de las personas como la viabilidad de las instituciones. “La sociedad nos exige tomar medidas drásticas para detener el flagelo de quienes han secuestrado la paz y puesto en jaque el desarrollo del país y sus habitantes”.
Mencionó que es vital plantear estrategias de seguridad que contribuyan a hacer frente a las amenazas que ponen en peligro la vida de la nación, lo que conduce a crear un marco jurídico que responda a las nuevas realidades y desafíos que enfrenta la población y las instituciones del Estado. Con esta ley, agregó, se garantiza que existen condiciones para que las Fuerzas Armadas puedan actuar dentro de un marco legal definido y limitado, sin que ello implique realizar tareas de seguridad pública.
José Clemente Castañeda Hoeflich, diputado de MC, expresó que este ordenamiento no sirve para regular la presencia de la Fuerzas Armadas en la calle, y va más allá, “deja un amplio margen de discrecionalidad para activar los protocolos de seguridad interior; genera una ausencia total de controles y contrapesos institucionales para el uso de poder; hay un esquema de opacidad absoluta y de falta de rendición de cuentas; provoca incentivos para que las entidades federativas caigan en la pasividad y no mejoren sus instituciones de seguridad y sus capacidades institucionales para atender el problema”.
Argumentó que con esta Ley de Seguridad Interior simplemente se legisla y se prolonga una situación que de facto ha sucedido en el país durante los últimos años. “Esta Legislatura nada está haciendo para fortalecer a las policías de los tres órdenes de gobierno, nada está haciendo para garantizar la plena autonomía del sistema de procuración de justicia y nada está haciendo para acabar con el ciclo de violaciones a los derechos humanos. Nada está haciendo para implementar soluciones duraderas que enfrenten la crisis de inseguridad y de violencia”.
La diputada Sofía González Torres (PVEM) reconoció a las Fuerzas Armadas, pues en todo momento cuidan a los mexicanos y a las instituciones, son leales y tienen patriotismo. Afirmó que este es el mejor momento de atender la demanda de la ciudadanía, de los gobernadores, e incluso de las Fuerzas Armadas, de legislar sobre su actuación en el cumplimiento de su deber; esta ley, continuó, ayudará a recuperar el orden constitucional, la estabilidad democrática, fijará las responsabilidad de cada autoridad del Estado y brindará certeza jurídica a la Fuerzas Armadas y a la población.
Sostuvo que solamente con unidad nacional se pueden vencer las amenazas que ponen en riesgo a los ciudadanos y a las instituciones, y eso dará mejores resultados a la ciudadanía y establecerá un marco jurídico que sea eficaz, para que cada autoridad cumpla lo que debe hacer. “El origen de esta ley proviene de la insuficiencia y de la falta de actuación de las autoridades municipales y estatales; se necesita brindar protección a los mexicanos”, comentó.
Ernestina Godoy Ramos, diputada de Morena, se manifestó en contra del dictamen, pues consideró que avala la militarización del país y otorga autonomía a las Fuerzas Armadas en tareas que son materia de seguridad pública. “No podemos soslayar lo señalado por diversas organizaciones internacionales y nacionales, que refieren que esta norma va en contra de tratados internacionales.
Estimó que se legisla para la permanencia de las fuerzas castrenses y se otorgan facultades discrecionales al Ejecutivo, quien es responsable directo de las acciones que realiza el Ejército. “Esta ley es la repetición de errores de una guerra iniciada en el sexenio pasado y demuestra incapacidad para fortalecer a las corporaciones de nivel local”.
Por el PRD, el diputado Rafael Hernández Soriano dijo que el dictamen es un atentado a la Constitución y al marco normativo que nos rige; muestra de ellos, apuntó, es que tiene la oposición de alrededor de 250 organizaciones civiles. “Nosotros reconocemos la actuación de Ejército, pero el grupo mayoritario engaña al decir que con esta ley se les apoya”.
Avalar la ley no sólo no resolverá el grave problema de inseguridad que vive el país, sino que compromete el Estado de derecho y violenta el régimen federalista y su célula fundamental: el municipio libre. Además, sostuvo, no aporta nada nuevo, sino que revuelve conceptos con la Ley de Seguridad Nacional, y no establece mecanismos de control de quienes ejercen el mando hacia las instituciones militares.
El diputado del PAN, Jorge Triana Tena, afirmó que las Fuerzas Armadas cuentan con todo nuestro respeto y agradecimiento, pero no están preparadas para hacer labores policiales. El dictamen ha tenido poco tiempo de socialización y análisis, además hace oídos sordos a las recomendaciones de la ONU y otras organizaciones no gubernamentales.
Recordó que ayer se rechazó la minuta sobre el Mando Mixto, lo que anuló de facto cualquier posibilidad de diseñar un modelo en materia policial. “Sin esa reforma policial no se puede avalar la Ley de Seguridad interior”.
La diputada Martha Tamayo Morales (PRI) refirió que la Ley de Seguridad Interior regula los supuestos de intervención de las autoridades que tienen que ver con el orden interior; se reglamenta la facultad del Presidente de la República, para cumplir con la Declaratoria de Protección de Seguridad Interior, la cual deberá ser fundamentada con circunstancias, modo y lugar para el actuar de las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas.
Aseguró que las acciones de elementos castrenses no serán permanentes, sino transitorias y no sustituirán las responsabilidades primarias de corporaciones locales. “Reconocemos el trabajo de los militares, que han dado muestras de sobra de estar a favor de México y el PRI está de su lado”.
Al manifestar su postura en contra, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC) subrayó que la ley no resolverá los problemas de inseguridad en el país, es un parche a la Constitución que, en su artículo 129 especifica que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas no pueden estar en las calles. “Las fuerzas civiles seguirán debilitadas e infiltradas por el crimen, y eso es lo que se debería discutir, cómo fortalecer un modelo de seguridad en municipios y estados”, agregó.
De Morena, el diputado Virgilio Caballero Pedraza consideró que expedir la Ley de Seguridad Interior es ser omisos a las recomendaciones de organizaciones de derechos humanos y órganos internacionales que coinciden en un rotundo no a la militarización del país: aprobar la ley tendrá consecuencias graves como la violación del principio de la supeditación de instituciones militares a la autoridad civil.
Omar Ortega Álvarez, diputado del PRD, comentó que desde hace 11 años las Fuerzas Armadas están en el territorio nacional, donde cada día hay más temor e inseguridad. Su partido, dijo, está en contra del dictamen y cuestionó si su aprobación es reconocer que el Estado mexicano está en guerra y se requiere que las instituciones militares tomen la seguridad y autonomía del país.
A favor del dictamen, el diputado Arturo Álvarez Angli (PVEM) consideró necesario tener a las Fuerzas Armadas en las calles porque las autoridades municipales y estatales no han sido capaces de capacitar y preparar a sus corporaciones policiales, y los elementos castrenses requieren certeza para seguir combatiendo la inseguridad. “A 11 años de que los militares llegaron a las calles, se requiere dar orden a través de un marco legal que dé certeza a su actuar”.
Manuel Espino, diputado sin partido, expresó que es fundamental darle a México una legislación en materia de seguridad interior. “La ley no es perfecta pero sería irresponsable dejar al país sin una ley en esta materia. La intención es darle tranquilidad a los mexicanos y certeza cuando se requiera la participación en materia de seguridad. No es violatoria a los derechos humanos ni pretende la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles, sino regularlas y prever que las autoridades locales recuperen sus capacidades”.
Por Morena, el diputado Alejandro Ojeda Anguiano consideró al dictamen sin fundamento constitucional, no existe la figura de seguridad interior. La figura que existe, dijo, es la de la Guardia Nacional, quien garantiza con su capacitación y preparación la seguridad. “Con esta ley se preparan escenarios electorales poco confiables”.
El diputado David Gerson García Calderón (PRD) mencionó que a nivel internacional está comprobado que, con la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas policiacas, se incrementan las violaciones a los derechos humanos. Esta ley va en contra de lo establecido en la Carta Magna y con su aprobación se claudica y sepulta mejorar, capacitar y especializar a la policía del país y no se norma la regulación del Ejército en las calles.
César Alejandro Domínguez Domínguez, diputado del PRI, señaló que es mentira que el Congreso no tenga facultades para legislar en la materia, pues la Seguridad Interior y la Pública son temas que están dentro de la Nacional y negó que no se haya consultado a la ciudadanía. “En el centro de la discusión están los ciudadanos y el respeto de sus derechos humanos. Las Fuerzas Armadas no van a suplantar a ninguna autoridad”.
Previamente, el Pleno rechazó tres mociones suspensivas, impulsadas por los diputados Cristina Gaytán Hernández (PRD), Jorge Álvarez Maynez (MC) y Maricela Contreras Julián (Morena), para detener su discusión y subsanar el procedimiento legislativo, y expresaron que el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar en materia de seguridad interior.
Puntos relevantes del dictamen
El dictamen establece que la Seguridad Interior es la condición que proporciona el Estado, permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional.
Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley.
En el ejercicio de las atribuciones de seguridad interior se observarán los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.
Las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de Declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.
Asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional emitirá lineamientos para la participación de las entidades federativas en acciones de seguridad interior, atención eficaz de la Agenda Nacional de Riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios en las tareas de preservación de la Seguridad Nacional.
Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán preservar, en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.
En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política y leyes respectivas.
Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de protección a la seguridad interior.
A partir de la expedición de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, las labores que realicen las autoridades federales para su atención y cumplimiento, se considerarán como Acciones de Seguridad Interior.
En ningún caso, estas últimas acciones que lleven a cabo las autoridades federales, tendrán por objeto sustituir a las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximirá dichas autoridades de sus responsabilidades, y tampoco, las que realicen las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública.
Las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de las misiones que tienen asignadas en la Constitución Política y en sus Leyes Orgánicas, sólo intervendrán mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las Fuerzas Federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate.
AM.MX/fm
