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Pablo Cabañas Díaz.

Llego la hora de las decisiones que van a marcar el sexenio. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se debate entre una salida política de alto costo económico, o bien sigue el curso de lo pactado en el periodo neoliberal para mantener la estabilidad económica.

Según los grupos de poder económico y político, el Gobierno ha mostrado ante los inversionistas en los últimos meses, una significativa  merma en  la confianza que el país había desarrollado en los últimos años. La  primera señal fue la cancelación del aeropuerto de Ciudad de México que llevaba un 30% de su construcción.

Se cumplió  un año de que se confirmó la victoria de López Obrador en las elecciones presidenciales. Un año también en el que, previo a su llegada a la plancha del Zócalo capitalino en donde lo esperaban sus simpatizantes, pronunció un discurso que se calificó como “reconciliador” e incluso considerado como generador de certidumbre ante su victoria electoral.

El mensaje principal estuvo enfocado en la necesidad de desterrar la corrupción del país, respetar la libertad empresarial y hacer un llamado “a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner encima de los intereses personales el interés general”.

Uno de los aspectos más cuestionados en torno a sus decisiones gubernamentales es la negativa para investigar actos de corrupción de ex funcionarios federales, entre ellos el presidente Enrique Peña Nieto, bajo el argumento de no perseguir a integrantes de administraciones anteriores.

Otro punto muy cuestionado es los procedimientos en contratos y licitaciones. El gobierno de Enrique Peña Nieto, tras la reforma energética de 2013, en pleno apogeo de la globalización, desdeñó los principios fundantes del Estado mexicano, que durante años los gobiernos  del PRI, ligaron a las decisiones trascedentes que toma  la figura presidencial a lo largo de su sexenio. No debemos de olvidar que la defensa del petróleo que hizo López Obrador, ante la reforma, fue una lucha simbólica más que un proyecto de Nación.

Estamos de nueva cuenta en la disyuntiva plateada al gobierno de Peña: actuar bajo un esquema de claudicación  extrema, o afrontar las consecuencias impuestas por los mercados internacionales y los grupos de poder antagonistas.

No se puede menospreciar y mucho menos no tomar en serio las nuevas calificaciones que dieron a Pemex, Moody’s y Fitch. En los análisis de las calificadoras hay un elemento en común. Según estas firmas el presidente está desalentando la inversión y por ende coloca en riesgo el perfil crediticio de México.

También, señalan las calificadoras que existe una debilidad en el panorama macroeconómico del país y que los objetivos fiscales que se han  fijado para 2020 serán difíciles de alcanzar. Seguir la construcción del nuevo aeropuerto, no es ya un problema de racionalidad económica, o seguir el rumbo pactado por la reforma energética del 2013  no significa cumplir lo pactado, lo que está en riesgo es que el sentido  la Cuarta Transformación se pierda y por ende un golpe a la credibilidad del Gobierno, que  sería una derrota en su  credibilidad.

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