Pablo Cabañas Díaz
El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, veía en las decisiones de Rodolfo Ríos al frente de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) un creciente riesgo para su gestión. El peso de la recomendación 4/2017 que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) envió al ahora ex procurador acabó con una gestión errática, plagada de hechos obscuros y grandes omisiones. De acuerdo con la recomendación, se acreditaron que las cinco personas asesinadas en un departamento de la colonia Narvarte, el 31 de julio de 2015 sufrieron por parte de la PGJ: “violaciones de los derechos al debido proceso y a la debida diligencia, derecho a la vida, derecho a la verdad, al acceso a la justicia, a la integridad personal, derechos a la honra y a la dignidad, así como el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.
La CDHDF, fue enfática al precisar que: “tampoco se estableció una línea de investigación especial para el esclarecimiento de los hechos que consideraran que se pudieron haber producido por motivo de alguna característica particular de las víctimas, tales como género, ejercicio periodístico y defensa de derechos humanos”. Las víctimas fueron discriminadas “con base en estereotipos, juicios de valor y roles de género”, y menciona que al fotógrafo Rubén Espinoza se le atribuyó el consumo de drogas o estar vinculado a algún delito, mientras a las mujeres las relacionaron con actividades sexuales a cambio de dinero y narcomenudeo, así como de guardar relación con los agresores, situación que “coloca a las víctimas como responsables de lo sucedido”.
Desde los primeros días de la investigación, funcionarios de la Procuraduría capitalina filtraron que una de las víctimas, Mile Virginia, era colombiana y la vincularon con la venta de drogas y la realización de trabajo sexual, lo que hasta hoy no ha sido corroborado por las autoridades.
Con múltiples problemas sin resolver en mayo pasado, el trabajo de Ríos fue severamente criticado por dar a conocer detalles de la vida personal de la joven Lesvy Berlín Osorio, asesinada en Ciudad Universitaria. Elena Cárdenas Rodríguez, quien ostentaba el cargo de directora de comunicación Social tuvo que renunciar ante la presión de medios de comunicación y redes sociales. Esta acción derivó de la serie de tuits que publicó la cuenta oficial de PGJ capitalina respecto a la muerte de la joven Lesvy Berlín, quien fue encontrada con un cable atado al cuello en una caseta telefónica en jardines aledaños al Instituto de Ingeniería y la Facultad de Química. “El Procurador Rodolfo Ríos es el paradigma del funcionario misógino y machista que pulula por las instituciones mexicanas, son funcionarios carentes de perspectiva de género, sensibilidad y sentido de la ética y el honor”, asentó la periodista Sanjuana Martínez sobre el caso de Lesvy Berlín.
A inicios de agosto de 2016, el cuerpo de la modelo colombiana Stephanie Magón Ramírez, de 23 años de edad, fue encontrado en medio de la calle en la colonia Nápoles. Presentaba severos golpes y fractura en la mandíbula. Su caso no tuvo mayor trascendencia para la PGJ. Mención especial merece la desaparición de Belén Montserrat Cortés Santiago, Ríos explicó en conferencia de prensa, que la joven decidió salirse de la casa materna por “voluntad propia”. Hasta ahí. El funcionario no quiso decir más. Pero a la fecha la familia de la joven tiene sobradas sospechas de que la Procuraduría mintió porque las autoridades capitalinas sólo le mostraron una fotografía de mala calidad y ninguna credencial oficial que avale que Belén realmente declaró. Leticia Santiago, madre de Belén, precisó que los funcionarios del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) “nos dijeron que el caso está cerrado. La pregunta que nos hacemos todos, es: ¿dónde está Belén? Peor imposible.
