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Pablo Cabañas Díaz
En 1974 Daniel Cosío Villegas señalaba que el presidente ejercía un poder inmenso sobre la política mexicana, lo que le permitía dejar una huella peculiar e inconfundible: “un estilo personal de gobernar”.  Con Peña Nieto el “estilo personal de gobernar” se dio a través de “golpes políticos”  lo que fue indudable sello de  su  gobierno. Peña Nieto logró neutralizar a sus opositores políticos directos, pero también envió mensajes a quien quisiera oponerse a sus decisiones .
En el año  2000, la legitimidad electoral con la que Vicente Fox Quesada obtuvo la Presidencia parecía suficiente para que emprendiera los grandes cambios que muchos esperaban con el advenimiento de la democracia; sin embargo, su carencia de talento político para negociar y la posición de fuerza en la que quedó el PRI aunado a los reacomodos internos a los que se vio obligado, fueron algunos de los factores causantes  para impedir  una sana relación con el Poder Legislativo.
En 2006, la situación era diferente pero igualmente poco propicia para la negociación: un conflicto postelectoral de fuertes alcances con una estrategia de movilización  de Andrés Manuel López Obrador, y una posición de desconocimiento hacia el Presidente entrante, por parte de importantes fuerzas políticas, anularon los canales de negociación e hicieron del PRI un aliado imprescindible para negociar las políticas públicas del gobierno.
En 2012, el PAN,  al quedar en tercer lugar, la derrota de Felipe Calderón tuvo un efecto doble: debilitó a la corriente de éste en su seno y le dotó de autonomía al dirigente nacional del partido para negociar con el gobierno entrante sin restricciones. Pero desde mediados de 2014, México ha estado presente en las noticias internacionales por escándalos mayúsculos derivados de violaciones de derechos humanos y actos de corrupción en las más altas esferas de gobierno. Lo que se anunciaba como una historia de éxito, se convirtió de pronto en incompetencia y abierto desafío a la opinión pública.
México experimenta hoy el fin de los potenciales estabilizadores de esa peculiar combinación de un tímido ciclo democratizador limitado a la esfera electoral y un proyecto neoliberal a medias, que protegió los intereses de toda clase de monopolios, públicos y privados. En términos económicos, lo único que se ha logrado es un prolongado estancamiento y un agravamiento de la desigualdad y la pobreza; en términos políticos, la democracia electoral ha agotado sus alcances sin haber conseguido aún la transformación del régimen político. Hay una enorme movilización de protesta y el PRI pretende asirse del poder sin cambiar nada, esperando  un desgaste en un contexto de represión selectiva, al igual que en el año 2006.
La crisis del 2018 es multidimensional: económica, política, moral y social,  y confronta radicales disyuntivas: la restauración autoritaria o un salto cualitativo hacia la democratización. La restauración autoritaria por la vía del fortalecimiento del presidencialismo se prefigura claramente en el horizonte. odos estos factores señalan la precariedad del proyecto de profundización neoliberal y de restauración del presidencialismo impulsado por el régimen. Siguiendo el camino que marcó 25 años atrás  Carlos Salinas, se quiere, al mismo tiempo, modernizar la economía y preservar el régimen autoritario. Hoy como entonces, esa combinación  es imposible.

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