Pablo Cabañas Díaz
(Segunda parte)
En una revisión del expediente mexicano del caso Odebrecht, al que tuvo acceso The New York Times, confirmó que, “en ocasiones, la misma PGR parecía estar retrasando los procesos”. Un implicado es el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, quien de acuerdo al diario recibió retribuciones por al menos 10 millones de dólares de la firma brasileña. Lozoya ha negado en diversas ocasiones las acusaciones que se realizan en su contra. De acuerdo con una investigación realizada por Quinto Elemento Lab, una vez que Lozoya llegó a la dirección general de Pemex, Odebrecht le pidió ayuda para ganar contratos, y la respuesta fue positiva. La misma organización señala que posteriormente, durante 2013 y 2014, continuaron los pagos transferidos a través de empresas offshore.
A Emilio Lozoya se le acusa de haber recibido 3 millones 140 mil dólares de Odebrecht durante la contienda electoral de 2012, cuando se desempeñaba como Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña presidencial de Enrique Peña.
Una vez que Peña asumió la presidencia, Lozoya fue designado como director de Pemex, y, de acuerdo con un informante citado por Quinto Elemento Lab, desde entonces recibió al menos otros 6 millones de dólares a cambio de obras en Tula, Hidalgo.
El investigador Alberto Olvera en el artículo “Political Crisis, Social Movements and the Future of Democracy in Mexico” asevera: “Desde mediados de 2014, lo que parecía ser una historia de éxito de una tecnocracia conservadora que había logrado completar el ciclo neoliberal en México, se convirtió en un relato de horror e incompetencia”.
El caso de Ximena Puente presidenta comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), ilustra muy bien el poder del Ejecutivo sobre los órganos autónomos. Las reacciones ante la candidatura de Puente como candidata a diputada federal por el PRI fueron desde la aprobación de José Antonio Meade, quien aseguró que con la comisionada como legisladora se mandó “una señal de transparencia”, hasta el rechazo de todos los partidos políticos de oposición,
Puente fue clave para mantener en secreto información sensible que compromete al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en negocios irregulares que dejaron multimillonarias pérdidas para la empresa estatal es un ejemplo de esta trama. Como premio, el PRI la incluyó en su lista como candidata plurinominal a la Cámara de Diputados. Puente fue la encargada de elaborar el proyecto de resolución que consideró que luego de la entrada de la reforma energética, Pemex pasó de ser una empresa paraestatal a una productiva del Estado, por lo que las filiales fueron transformadas en compañías privadas, a las cuales no se les aplica el derecho público.
Fue así que el INAI, con los votos de Puente junto a los comisionados Areli Cano y Óscar Guerra, determinó mantener en secreto un negocio multimillonario que sólo ha dejado pérdidas para los mexicanos y fue operado por Emilio Lozoya durante su gestión al frente de Pemex.
Lozoya es una pieza clave en el escándalo de corrupción de Odebrecht, al ser señalado de recibir sobornos millonarios de la empresa brasileña en 2012, cuando era integrante del equipo de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Un caso que conecta directamente el escándalo del conglomerado brasileño con el presidente Peña Nieto.
Entre otras resoluciones polémicas, una en particular que involucra a Puente y generó críticas en noviembre pasado, tiene que ver con la manera en que el INAI reservó como información clasificada los detalles de la operación a través de la cual Pemex, vía Lozoya, gastó más de mil 395 millones de dólares para quedarse con dos plantas de fertilizantes quebradas: Agro Nitrogenados y Fertinal.
