Pablo Cabañas Díaz.
En los gobiernos del PRI y del PAN (PRIAN), la defensa de los derechos de la ciudadanía estaba fuera de su campo de interés y de acción. La justicia se ponía en subasta al mejor postor. Por su parte, los tribunales y los jueces complementaban la función de control y contribuían a la estabilidad de los sistemas de distribución del poder a través de los mecanismos de nombramiento de sus propios miembros.
Hoy, son escasas las referencias en las grandes cadenas de televisión, de la radio o en las empresas periodísticas sobre la impartición de justicia en los gobiernos del PRIAN. No se puede omitir que a lo largo de nuestra historia, los agentes del Ministerio Público, se han caracterizado por chantajear a víctimas y a victimarios en casos de delitos en materia penal, a los contratantes en materia mercantil, a las familias en materia civil, a trabajadores y patrones en materia laboral, a campesinos y propietarios privados en materia agraria, y así sucesivamente en las distintas instancias y niveles de la procuración de justicia.
Cuando los casos eran de alto impacto o tenían una implicación política los agentes del Ministerio Público debían disciplinarse a las órdenes que recibieran del Ejecutivo. La procuración de sigue siendo un sistema de control del conflicto social que gozaba de autonomía para despojar de sus bienes y recursos a los ciudadanos.
En este modelo de simulación- extorsión el presidente en el plano federal y los gobernadores en los estados nombraban a los ministros de la Suprema Corte y a los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, no con base en méritos profesionales, sino en función de lealtades políticas, pertenencia a grupos de poder y pagos de favores. A su vez, los magistrados nombraban a los jueces siguiendo los mismos criterios.
El control político de tribunales y jueces permitía además resolver conflictos intergubernamentales en una forma políticamente controlada. Los tribunales administrativos jugaban ese papel y la Suprema Corte de Justicia, cuando actuaba como corte constitucional, jugaba el papel de estabilizar los conflictos dentro del sistema político.
La insignificancia política del municipio hasta finales del siglo xx se compensó con la autorización a los alcaldes de la “explotación de la plaza” en operaciones comerciales y compraventas de propiedad, otorgamiento de permisos de obras y de apertura de bares y prostíbulos, realización de ferias y, ante todo, el manejo de la policía municipal como medio para recaudar recursos económicos. Los delitos menores fueron una fuente de ingresos en términos de multas y “mordidas”, y los delitos mayores en términos de negociación de la intervención de las procuradurías estatales.
