Pablo Cabañas Díaz.
El reconocimiento del derecho a la salud como irrevocable y esencial, es relevante pues hace explícito la relación que tiene el Estado Mexicano para promover y asignar recursos a fin de garantizar el acceso a la atención a la salud. En México, la mitad de la población carece de acceso a los servicios de seguridad social. La característica central del sistema de salud mexicano, ha sido la fragmentación por condición laboral, tenemos serios problemas en los resultados para incrementar la cobertura, principalmente después de la reforma de 2004 que dio lugar al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) y de su brazo operativo, el Seguro Popular (SP).
La población empleada en el sector formal de la economía tiene acceso a los diversos esquemas de la seguridad social, que en su conjunto dan cobertura a 38.2% de la población del país. Por su parte, la población ocupada en el sector informal o desempleada cuenta con dos esquemas financiados por el gobierno. El SP, que en 2018 afiliaba a 53.5 millones de personas y el Programa IMSS-Bienestar anteriormente IMSS-Prospera, que afiliaba a 12.3 millones en ese mismo año. Este escenario se complica por la creciente tasa de informalidad laboral 57.7% en 2019. La alta rotación de los trabajadores entre el sector formal e informal de la economía, se traduce en una alta movilidad de la población entre los distintos esquemas de atención a la salud. Esta situación, aunada a distintas formas y niveles de financiamiento, reglas de operación de los fondos y de cartera de servicios, plantea retos importantes para que el Estado pueda regular y establecer mecanismos para seguimiento y transparencia en el uso de recursos y, por lo tanto, garantizar el derecho a la atención de la salud y la equidad en el acceso.
Si bien la función del Instituto de Salud para el Bienestar es atender a todas las personas que no disponen de seguridad social de forma gratuita, la realidad es que este reconocimiento no se encuentra en la fase de implementación del Insabil. Es importante partir de un análisis crítico de la realidad, por lo que es útil reconocer lo avanzado en materia de acceso a la salud y construir sobre dichos avances. Es cierto que en 15 años de implementado, el SP no alcanzó la cobertura universal, pero lo más importante, al margen del diferendo partidista, es el destino que tendrá la población sin protección social. En 2006 la población sin protección social en salud (medida como afiliación a algún esquema de aseguramiento) representaba 48% de la población del país, la cual se redujo a 15.5% en 2016, particularmente por afiliación al SP de la población de menor ingreso. Es de reconocer que esta ampliación constituyo un esfuerzo histórico en el país.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 indica que la afiliación al SP no cambió para la población en comunidades de menos de 100 mil habitantes que concentran a la población más pobre del país y que reportaron algún problema de salud en los últimos 15 o 30 días, únicamente el 32% de esas personas resolvió su problema de salud .
El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) cubrió, para 2018, 66 padecimientos agrupados en nueve categorías, desde cuidados intensivos neonatales hasta diversos tipos de cáncer en menores y adultos. Sin embargo, padecimientos de alto costo siguen fuera del catálogo y quienes los padecen carecen de cobertura para enfrentarlos. Entre 2003 y 2013, el número de unidades de consulta externa y de hospitalización aumentó solo12%. Sin embargo, una evaluación señala que este crecimiento fue desordenado, ya que las unidades de salud se concentraban en zonas geográficas urbanas y aún persiste 7.4% de la población (aproximadamente 9.3 millones de personas) que en 2018 tenía bajo, muy bajo y nulo acceso físico a las unidades de salud. Este es el reto que tendrá resolver el Insabi.
El alto gasto de bolsillo por motivos de salud en el que aún incurre la población de bajos ingresos en México sigue siendo muy alto. En 2014 representó 16.5% de los ingresos de los hogares en el los más pobres de la población, mientras que para la población de ingresos de más alto, la cifra fue de 4%. La característica central del sistema de salud mexicano, que es la fragmentación por condición laboral, ni a los resultados de los esfuerzos para incrementar la cobertura, principalmente la reforma de 2004 que dio lugar al Seguro Popular. La población empleada en el sector formal de la economía tiene acceso a los diversos esquemas de la seguridad social, que en su conjunto dan cobertura a 38.2% de la población del país. Este es el reto que tiene el Insabi, el riesgo es que crezca esa población y por ende no se cumpla con el artículo 4° de la Constitución Política de México, que señala que “la salud es un derecho de todos los mexicanos”. Hasta hoy, no todos los mexicanos han podido ejercer de manera efectiva este derecho.
